José Manuel de la Sota, Hugo Moyano
Un frente electoral en gestación del panperonismo debutó ayer frente a los Tribunales de Comodoro Py con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y el jefe de la CGT, Hugo Moyano, como protagonistas. El camionero fue uno de los oradores centrales y planteó un objetivo claro: las elecciones legislativas de 2013 cuando, en tácita alusión a la Casa Rosada, «estos mentirosos tendrán el castigo que merecen en las urnas».
Debajo de esta sumatoria de peronistas díscolos, que incluyó a uno de los principales armadores del PJ anti-K en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, subyace el PRO de Mauricio Macri, que envió como único embajador a otro peronista, el diputado Jorge Triaca. El hijo del exsindicialista del plástico masajea de a poco un eventual pase del jefe de Gobierno porteño al principal distrito electoral del país para encabezar la boleta de candidatos a diputados nacionales en 2013. El peronismo alternativo ya homologó ese plan, sólo falta la decisión del expresidente de Boca Juniors.
El secretario general de la CGT Azopardo volvió a apuntar contra el Gobierno de Cristina de Kirchner, hasta hace pocos meses su principal aliado, y rodeado por varias figuras del peronismo no kirchnerista sostuvo frente a unas mil personas que «nadie obligó a venir a nadie. Ésta es la diferencia que tenemos con los que vienen por obligación y son manejados desde el Gobierno». Tanto el gremio de camioneros, como los gastronómicos de Luis Barrionuevo y el gremio de trabajadores rurales de Gerónimo «Momo» Venegas movilizaron un discreto caudal de manifestantes hasta Comodoro Py.
Acompañado por De la Sota, el exmandatario entrerriano Jorge Busti y el diputado Francisco de Narváez, que pivotea entre el gobernador cordobés y el bonaerense Daniel Scioli, el camionero destacó la convocatoria de la marcha frente a los tribunales que reclamó contra la prescripción de la causa por el crimen de José Ignacio Rucci.
Moyano fue el último orador del acto en el que también hablaron los hijos de Rucci, Aníbal y la diputada nacional Claudia, y «Momo» Venegas. En el tramo más duro de su discurso, Moyano consideró que «el pueblo está agotando su paciencia» porque «es una mentira permanente que venimos soportando y ya no estamos dispuestos a seguir haciéndolo», al hacer referencia al retraso en la suba del mínimo no imponible, entre otros puntos que la central obrera le reclama al Gobierno. «Cada uno de los que estamos aquí no somos la corpo ni la opo. No busquen un enemigo donde no lo tienen. Somos peronistas y queremos una patria grande», había dicho un rato antes la diputada Rucci al tomar la palabra en un escenario montado frente al palacio judicial.
En paralelo, en la Cámara de Diputados, legisladores del PRO y el Frente de Unidad Peronista presentaban un proyecto para introducir una modificación en el Código Penal que contemple que una acción penal no prescriba cuando se trate de actos perpetrados por el «terrorismo», ampliando esa definición a actos que fueran cometidos por fuera del aparato estatal.
Con la autoría de Julián Obiglio (PRO), y acompañado por las firmas de Enrique Thomas, De Narváez, Alfredo Atanasof, Eduardo Amadeo, Gustavo Ferrari, Carlos Brown, Sergio Panza, Alberto Pérez y Carlos Carranza por el Frente Peronista; de Jorge Triaca, Silvia Majdalani yCornelia Schmidt-Liermann por el PRO, el proyecto busca respaldar a la familia Rucci en su pedido para evitar que el crimen quede «impune», pero además genera un cambio sustancial en la legislación para el tratamiento de casos similares.
La movilización culminó con una misa en la Catedral Metropolitana de la que participaron los asistentes a la marcha, incluidos Adolfo Rodríguez Saá y su aliado en la Cámara de Diputados, Alberto Asseff (PNC-Unir), Eduardo Amadeo, Aldo Rico, José «Pepe» Scioli y el dirigente bonaerense del FUP Mauricio Silva.
El mes pasado, el juez federal Ariel Lijo cerró la investigación y consideró prescripta la acción penal.
La decisión fue apelada por la familia Rucci y mañana la Cámara Federal porteña realizará una audiencia oral para comenzar a resolver la apelación.