Por Mauricio Devoto – Coordinador del área de Justicia de la Fundación Pensar
Más allá del discurso de la Presidenta sobre la pretendida“democratización de la justicia”, lo cierto es que los proyectos recientemente presentados por el Ejecutivo no tienen como objetivo mejorar el funcionamiento del poder judicial ni ampliar el acceso a la justicia. De hecho, las iniciativas no resuelven los mayores problemas de nuestro sistema judicial como el acceso igualitario, las demoras en la resolución de los conflictos y el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial.
La democratización kirchnerista de la justicia se enmarca en un contexto coyuntural netamente político, que presenta diversos condimentos:
– Durante los últimos 10 años, el gobierno nacional no presentó iniciativas de fondo para el Poder Judicial. La única reforma importante fue la modificación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que redujo de 20 a 13 su cantidad de miembros en desmedro de los representantes de los abogados, jueces, académicos y minorías legislativas, obteniendo de este modo la mayoría simple para seleccionar y remover jueces.
– Desde el año 2003 el oficialismo ha designado el 54% de la totalidad de los jueces nacionales en todo el país; 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el 80% de los magistrados de primera instancia del fuero penal federal y buena parte del fuero contencioso administrativo federal. Fueros estratégicos para el Gobierno debido a que sus jueces investigan las causas por corrupción de funcionarios públicos y deciden recursos contra el Estado nacional.
– El gobierno que hoy reclama idoneidad, imparcialidad e ingreso por concurso a todos los cargos del Poder Judicial es el mismo que postuló al abogado Daniel Reposo para el cargo de Procurador General de la Nación, jefe máximo de los fiscales de todas las instancias del país. Candidato que no poseía los antecedentes mínimos necesarios para ocupar ese cargo, ni la objetividad e imparcialidad para desempeñarlo.
– El gobierno que hoy plantea una reforma al Poder Judicial posee una larga trayectoria de incumplimiento de sentencias y decisiones contrarias a sus intereses dictadas por magistrados de distintos fueros e instancias, e inclusive incumplimiento de sentencias de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
– La incorporación de la “democratización de la Justicia” en la agenda del gobierno recién data de fines del año 2012, coincidiendo con el momento en que diversos magistrados del Poder Judicial de la Nación resolvieran asuntos en contra de los intereses del gobierno; en particular luego de los casos Clarín y La Rural.
En este contexto político-judicial, y como era de esperar, los proyectos presentados también tienen mucho de político y poco de reforma judicial de fondo. ¿Los más importantes para el gobierno? Claramente la Modificación del Consejo de la Magistratura, la creación de Cámaras de Casación para todos los fueros, y la restricción de las medidas cautelares. Estas modificaciones le permitirán:
1- obtener la mayoría absoluta en el organismo que se ocupa de designar y remover magistrados;
2- agregar una nueva instancia que dilatará los procesos, unificando la jurisprudencia mediante jueces cercanos al poder ejecutivo recortándole competencia a la Corte Suprema;
3- limitar la posibilidad de las personas para accionar contra el Estado en defensa de sus derechos humanos fundamentales.
Los demás proyectos presentados solo acompañan con la excusa de obtener publicidad, transparencia y participación ciudadana, pero no son estratégicos para el gobierno.
No es casual que el senador Aníbal Fernández haya anticipado que no permitirán que estos proyectos se modifiquen en el Congreso. Tampoco es casual que los tres proyectos más importantes para el Ejecutivo fueran enviados al Senado mientras que los tres restantes ingresaran por la Cámara de Diputados.
En síntesis, las reformas presentadas por el Ejecutivo responden a intereses políticos, no le solucionan los problemas a la gente ni mejoran el Poder Judicial. Por el contrario, procuran fortalecer y acrecentar el poder del gobierno y su modelo, reduciendo el control por parte del Poder Judicial y debilitando las instituciones y el sistema republicano de división de poderes con frenos y contrapesos establecido por la Constitución Nacional.
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