Afuerza de diferenciarse del resto de la oposición y posicionar al jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, en la carrera presidencial, PRO llevó al extremo el debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En una misma mañana y a sólo tres días de que la Corte Suprema de Justicia declarara constitucional la norma, un grupo de legisladores macristas solicitaron a ese mismo tribunal que suspenda la aplicación de la ley, a la vez que el mandatario porteño se comprometió a reformarla en caso de que llegue a la presidencia en 2015.

Al igual que la noche del domingo pasado, en la que se apresuró a anunciar formalmente que será candidato a presidente, esta vez, Macri fue uno de los primeros dirigentes de la oposición en pronunciarse sobre el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de medios. En menos de 72 horas, pidió la renuncia del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella; encomendó a sus diputados a que visiten al alto tribunal para solicitarle que frene la aplicación de la ley y, por si nada de eso diera resultado, prometió que si gana las elecciones de 2015, modificará la norma por una “que sea más funcional y que genere menos controversia al Congreso para que sea debatida”.

Pese a que más de una vez vapuleó al Ejecutivo nacional por sus críticas a la Justicia, el mandatario porteño no se privó de defender la decisión de su partido de solicitarle a la propia Corte Suprema “que impida al Gobierno cumplir con el fallo” que ella misma dictó el martes pasado.

Los diputados macristas reclamaron que los ministros del alto tribunal sean los que establezcan un conjunto de pautas para aplicar la ley de medios, pese a que esa tarea es potestad del Afsca. La presentación fue firmada por los legisladores Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt- Liermann, Alberto Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.

“Venimos a solicitar que se suspenda la ejecución de la sentencia recaída hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte”, plantearon los diputados. Entre los reclamos retomaron algunas de las cuestiones que aparecen en el fallo y pidieron que la autoridad de aplicación sea “un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”; se verifique que el Estado sea “garante de la libertad de expresión” y que haya una justa distribución de la “pauta oficial o de cualquier otro beneficio”.

“Sin cuestionar las decisiones de esa Corte sobre constitucionalidad de las leyes, si actuamos como se solicita consideramos que ambos habremos cumplido con nuestro deber institucional, garantizando a los argentinos que podrán vivir en un Estado democrático, sin gobernantes ni particulares que abusen de su poder y sin gobernantes que usen los fondos públicos, los fondos de todos, para llevar agua para su corriente partidista, limitando en forma equivalente la posibilidad de expresión de otros representantes del pueblo”, concluyeron los legisladores de PRO.