Ministros de la Corte Suprema de Justicia manifestaron ayer su malestar ante algunas versiones periodísticas, que calificaron como “barbaridades”, en el tratamiento de la sentencia que declaró, por seis votos contra uno, la constitucionalidad de ley de medios.

En el habitual acuerdo de los martes los ministros coincidieron en manifestarse asombrados por lo que se dijo. “Se inventaron historias para generar sospechas. Acá nadie cambió el voto ni nadie negoció nada, esas son barbaridades, algunas de ellas de mala fe”, señalaron los jueces en el encuentro, según confirmaron fuentes judiciales a la agencia Télam, que además detallaron que precisamente ese malestar los llevó a firmar, en forma conjunta, el comunicado que fue difundido oficialmente.

En ese texto, los ministros señalaron que “desde que se consolidara su actual composición realiza ingentes esfuerzos para fortalecer las instituciones de esta República”.

“Así ha sostenido la independencia del Poder Judicial con firmeza, tanto en sus sentencia como en su posición institucional”, afirmaron los siete jueces supremos.

En los cinco párrafos del texto, la Corte añade que “la elaboración de las sentencias y las deliberaciones internas de este tribunal se ajustan estrictamente a los procedimientos legales establecidos al efecto”.

Los ministros reconocieron que “las reuniones entre representantes de poderes del Estado forman parte de la actividad normal de la República y no tienen por objeto la discusión de las soluciones a adoptar por el tribunal en las acusas sometidas a su jurisdicción”.

En esa línea explicaron que “a tales fines esta Corte es representada por su presidente, quien informa al cuerpo colegiado de todas sus gestiones, las que siempre han sido ratificadas por el pleno”.

Los jueces supremos añadieron que “la democracia necesita de un debate robusto de los actos estatales, lo que por cierto incluye a las sentencias judiciales, que pueden ser ampliamente criticadas por la opinión pública y los medios de comunicación”.

“En nada contribuyen a este debate, los ataques dirigidos a miembros del tribunal cada vez que una decisión de esta Corte no satisface las expectativas de algún sector”, concluye el texto.

 

EL MÁXIMO TRIBUNAL RECHAZÓ EL PEDIDO DE PRO

 

Un planteo “inadmisible” del macrismo

 

Gabriela Vulcano gvulcano@diariobae.com

 

La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer la presentación de un grupo de diputados de PRO para que suspenda la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En una resolución escueta, de apenas una página y con la firma de cuatro de los jueces, el alto Tribunal calificó de “inadmisible” la presentación de los legisladores macristas Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Jorge Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.

Según fuentes judiciales, los ministros entendieron que los diputados “no son parte del proceso”, con lo cual “no cuentan con legitimidad” para solicitar la suspensión de la sentencia que la propia Corte dictó el martes 29 de octubre.

La respuesta del máximo tribunal era casi cantada para el macrismo; sin embargo, la presentación que algunos de sus legisladores realizaron la semana anterior respondía más a la necesidad de posicionarse políticamente en los días posteriores a las elecciones legislativas que a frenar el fallo sobre la constitucionalidad de la ley de medios.

Después de que el mandatario porteño, Mauricio Macri, pidió la renuncia del presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, sus diputados reclamaron a la Corte que “se suspenda la ejecución de la sentencia recaída hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte como requisitos para que en la República Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa, fundamentos necesarios del Estado de derecho y del sistema democrático establecido por el artículo primero de la Constitución Nacional”.

Además, solicitaron la suspensión de la sentencia hasta que “exista una autoridad de aplicación de la llamada ley 26.522, Servicios de Comunicación Audiovisual, que sea efectivamente un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión”. Y querían que “se verifique la acción del Estado como garante de la libertad de expresión”, que garantice que “por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación [no] se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas”.