Diputados del PRO los querellaron por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y cohecho.
Diputados de Unión PRO presentaron ayer una denuncia penal contra los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento que votaron a favor de la suspensión del fiscal José María Campagnoli, que investigaba al empresario Lázaro Báez, y a pedido de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
La presentación fue realizada por los legisladores Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, y Cornelia Schmidt Liermann, y recayó en el juez federal Luis Rodríguez.
La medida alcanza al presidente del jury, representante del Poder Ejecutivo y miembro de “La Cámpora”, Ernesto Kreplak, al fiscal Daniel Adler (miembro de “Justicia Legítima”), a Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado y ex subsecretario de la Cancillería K, y a María Cristina Martínez Córdoba, defensora Pública de Menores.
Todos fueron acusados del presunto delito de “abuso de autoridad, prevaricato y cohecho” por haber avalado sin escuchar al acusado la maniobra de Gils Carbó.
Esta busca que Campagnoli, quien perdió el 30 por ciento del sueldo, sea además destituido de su cargo.
Mientras tanto, continúan llegan más respaldos para Campagnoli.
Además, de la diputada Margarita Stolbizer, dos entidades de jueces y fiscales de la ciudad de Buenos Aires sostuvieron que la suspensión del fiscal “solo tiene por objeto disciplinar magistrados” y criticaron la actuación de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que promovió la sanción.
“Advertimos los peligros que conllevan para el afianzamiento de la Justicia, procedimientos como el que se repudia, que sólo tienen por objeto disciplinar magistrados”, señalaron en un comunicado el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial porteño y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial porteño.