El gobierno continúa con la sistemática política populista de considerar cualquier medio apto para la consecución de sus fines. El Congreso y el Poder Judicial, instituciones fundamentales de la democracia republicana, fueron orientados y amoldados a los objetivos de la Presidenta, portadora de la voluntad popular. Ya no existen como instituciones tradicionales que eran. Según el modelo K, siempre deberían acompañar la decisión del la líder carismática y acompañar la voluntad mayoritaria que ella representa día a día. Como dijo la Presidenta el 25 de mayo: este gobierno gobierna para la mayoría. Pero el Poder Judicial no termina de entregarse. Resiste las embestidas externas como puede, luchando contra sus propios demonios internos.

Luego de los ataques personales al Dr. Fayt, el Poder Ejecutivo avanza con un proyecto de ley para designar jueces subrogantes afines. El proyecto firmado por Aníbal Fernández y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, preveé que el Consejo de la Magistratura cubrirá las vacantes existentes en el Poder Judicial mediante candidatos que integren un listado de abogados, funcionarios públicos o secretarios judiciales.

El listado será confeccionado y aprobado por el Plenario del Consejo de la Magistratura, enviado al Poder Ejecutivo y posteriormente al Senado de la Nación para solicitar el acuerdo de sus integrantes. Tendrá una vigencia de 6 años, y no exige ningún tipo de concurso, idoneidad ni garantiza la independencia de quienes lo integran. La Constitución Nacional es clara al sostener la forma de designación de magistrados mediante concursos públicos de oposición y antecedentes. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha dicho que esa es la única forma de garantizar la independencia de los magistrados y en consecuencia la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial.

El proyecto, que a simple vista aparece superador de otras formas de designación de jueces interinos declaradas inconstitucionales por la Corte, establece un procedimiento con la participación de los tres Poderes: el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el acuerdo por parte del Senado. Las mayorías en el Consejo y en el Congreso permitirían un rápido trámite, cumpliéndose los dictados del manual populista. Un lujo para la calidad institucional. El único pequeño gran “detalle” en el que se aparta de la Constitución es la ausencia de cualquier tipo de evaluación de idoneidad e independencia de los candidatos.

Aún obviando este “detalle”, la solución propuesta tampoco sería la que se aplicaría en los hechos sino su plan B: el proyecto establece que hasta tanto no haya disponible un listado aprobado bajo el procedimiento que propone, y para la aplicación inmediata de la ley, el Consejo de la Magistratura designará los subrogantes de una lista aprobada por su Plenario. Donde el oficialismo, por supuesto tiene mayoría. No se trata de un tema que solo le interesa a los abogados. Se trata de un plan sistemático de debilitamiento de las bases fundamentales de nuestra forma de gobierno para mantener poder, garantizar impunidad o hacer negocios. Sin bases sólidas es imposible pensar en un país seguro y confiable que se desarrolle social y económicamente, en libertad.

Mauricio Devoto

Ex Presidente del Consejo de la Magistratura CABA

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