Uno de los ejes en los que se destaca la Argentina es su prominente agenda humanitaria. Emblema de la gestión desde la asunción de Cambiemos, esa agenda se ha visto durante 2018 plasmada en numerosas iniciativas. Algunas ya son motivo de orgullo para nuestro país; otras, aún pendientes, alentadora materia de trabajo para este año. Muchas de ellas se han visto, además, propiciadas por las sanas relaciones construidas con otros países, en el marco de una política de integración internacional que nos ubica nuevamente en el plano de la cooperación y el respeto mutuo, sin menguar por ello en la defensa de los intereses nacionales.
Prueba de ello fue, el Plan Humanitario Malvinas, un proyecto que posibilitó la localización e identificación de las tumbas de los combatientes que dieron su vida en las islas. Gracias al acuerdo celebrado en 2016 entre el los gobiernos de Argentina y Reino Unido pudimos, hasta la fecha, poner nombre y apellido a 102 de esos héroes que, bajo la leyenda “Soldado argentino sólo conocido por Dios”, yacían en territorio insular.
Gracias a esta acción conocimos a Geoffrey Cardoso, un militar inglés que se ocupó de cuidar los cuerpos de nuestros caídos. Aún lo recuerdo cuando, el año pasado, nos visitó en el Salón de los Pasos Perdidos: muchos años pero paso firme y unos ojos emocionados. Allí le dimos las gracias, lo abrazamos, mientras contaba lo que fueron aquellos días entre la nieve. “La batalla recién había concluido y las Islas estaban en muy mal estado pero lo más impactante fue la unión de todos los sobrevivientes. Allí, entre los fallecidos se sentía un clima de tristeza y culpa por estar con vida”. Ellos nos enseñaron el pleno respeto entre vencedores y vencidos. Ambos tienen a sus fallecidos, a sus familias y el vívido recuerdo del horror de la guerra.
Por siempre recordaremos, también, la aparición del Ara San Juan el 17 de noviembre del año pasado. A casi un año exacto de su desaparición, apareció de repente ante nuestros ojos la estructura del Aras a cientos de metros de profundidad. Esas 44 almas ya no están solas. Cada vez que naveguemos ese meridiano habrá recuerdo, flores y una sensación de impotencia ante una tragedia que jamás debería haber ocurrido. La justicia tiene mucho que decir y así lo esperamos.
En el ámbito continental, asimismo, nos hemos vimos interpelados por la profunda crisis humanitaria que asola a Venezuela. En estos años no sólo hemos recibido y cobijado a las decenas de miles de venezolanos que migraron masivamente hacia nuestro país sino que, atentos a las permanentes violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro, hemos llegado a denunciarlo ante la Corte Penal Internacional.
Empujados por condiciones de vida insoportables, y atraídos por la hospitalidad argentina, ya son más de 100.000 los venezolanos que han ingresado al país desde 2016, ubicándolos actualmente en el primer lugar entre las nacionalidades que componen la oleada inmigratoria. En solidaridad con las pésimas condiciones en que han debido abandonar su patria, se les han brindado facilidades en los trámites de residencia y convalidación de títulos educativos. Esto redundó en una rápida integración a la comunidad local y un mutuo beneficio, ya que muchos de ellos, con formación profesional, han cubierto demandas insatisfechas en diversos puntos del país.
A lo largo de este infausto proceso, hemos acompañado las denuncias de la oposición venezolana en los diversos espacios internacionales y nos hemos hecho eco de las penurias de su pueblo, bregando siempre por el restablecimiento de la democracia y el orden institucional de nuestros hermanos.
El mismo espíritu de asistencia humanitaria se vio plasmado en otro de los singulares proyectos del año pasado, que ya cuenta con media sanción en Diputados. Se trata de la Ley para el reconocimiento y protección de las personas apátridas, es decir, de aquellos que por diversos motivos no sean considerados como nacionales por ningún Estado.
Si bien esta situación de irregularidad no se da masivamente en nuestro país, se calcula que son al menos 10 millones las personas que la detentan en todo el mundo, con las consiguientes dificultades que implica para la vida en sociedad: además de atentar contra su derecho a la identidad, no contar con un documento oficial precariza y perjudica el acceso a las prestaciones sociales, educativas, laborales, sanitarias y comerciales.
La ley busca asegurar “el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas que no sean refugiadas”, facilitándoles la obtención de la nacionalidad para que puedan ejercer plenamente sus derechos. También en el ámbito legislativo, la ley Justina, que fue sancionada para cambiar el paradigma sobre la donación de órganos en el país. Justina Lo Cane tenía 12 años, y desde su camita en la Fundación Favaloro, pidió por la donación no para ella, sino para todos los argentinos. El corazón para ella nunca llegó, pero con “su” ley, se busca dar respuesta a los 10.255 argentinos que actualmente están en lista de espera para un trasplante.
Y finalmente la llamada “Ley Micaela”, planteó un nuevo escenario para el tratamiento de los temas vinculados a violencia de género. Sancionada por ambas cámaras a fines del año pasado, impone para todas las personas que integran los tres poderes del Estado una capacitación obligatoria en género y violencia.
La iniciativa surge a raíz del caso “Micaela García”, la joven de 21 años que en abril de 2017 fuera víctima de femicidio y uno de cuyos asesinos había sido beneficiado por un juez con la libertad condicional, a pesar de haber violado anteriormente a otras dos chicas.
La norma propone la creación de un “Programa nacional permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres”, que capacite en valores, principios y objetivos de cada organismo, dependencia o institución, con participación de la sociedad civil en la generación de contenidos. Y como yo planteara en mi inserción, también en prevención de adicciones, especialmente en alcoholismo. Cuidarme y cuidar al otro, de eso se trata.
Pero si de debates legislativos y defensa de los derechos humanos se trata, no hay dudas de que el primer puesto se lo lleva el que dimos durante meses en torno a la legalización del aborto. Si bien el proyecto de ley obtuvo la media sanción de la cámara baja, primó la cordura y fue rechazado en el Senado, en una sesión histórica.
La Argentina reconoce en su Constitución, los derechos humanos desde la concepción. Quienes nos embanderamos detrás de esa noción apostamos al cuidado de las dos vidas, en la convicción de que toda vida vale y debe ser protegida, en especial la de esos niños por nacer que se encuentran en completo estado de indefensión.
Consagrar el aborto como un “derecho” y colocarlo incluso por encima del derecho a la vida no resiste demasiado análisis. No obstante, el debate puso sobre la mesa una gran cantidad de situaciones hostiles para las mujeres que atraviesan embarazos no deseados y que les hacen plantearse un aborto como “solución”. Desde una educación sexual deficiente hasta limitaciones laborales. Desde extrema pobreza hasta convivencia con un abusador. Desde falta de contención hasta amenazas. Si hay algo que hemos sacado en limpio es que aún hay mucho por hacer en la materia y que es nuestra responsabilidad, como representantes dirigenciales y como sociedad, hacernos de las herramientas para empoderar a las mujeres al tiempo que fortalecemos a las familias y defendemos la vida.
En el “debe” nos queda la creación de un Tribunal Internacional de los Derechos del Niño, una aspiración que ojalá podamos cristalizar pronto. Procurar su bienestar, propiciar su desarrollo integral y ofrecerles oportunidades son las mejores formas de demostrar nuestra preocupación por ellos, darles el lugar que merecen y un mejor futuro
Acciones, debates, consensos, enfocados siempre en el humanismo. Aún en un año electoral, la concordia entre los argentinos justificará cualquier esfuerzo por parte de la dirigencia. Es un deber constitucional. Y allí vamos.