Estoy a favor de la reforma judicial, pero no de esta. La Justicia necesita cambios, pero no los que propone el Poder Ejecutivo.
Los proyectos impulsados por el Gobierno no abordan las principales falencias de nuestro sistema judicial, no le solucionan los problemas a la gente, y la urgencia en su tratamiento aparece como injustificada.
Además, existe una clara contradicción entre el término “democratizar”, sus fundamentos y los proyectos presentados. Ya que mientras se sostiene que se pretende lograr una: Justicia moderna, ágil y transparente para todos, con mayor participación ciudadana, pluralidad, fácil acceso, igualdad; de los proyectos de ley presentados no surgen la normativa ni medidas necesarias para alcanzar esos objetivos.
Más aún, algunas de las iniciativas contradice de manera directa la democratización favoreciendo el avance del poder político partidario y la concentración del poder evitando el control y balance de poderes.
Todo esto en el marco de un proyecto tendiente a “regular” las medidas cautelares limitando en los hechos la posibilidad de recurrir a la Justicia en contra de acciones del Estado que vulneren los derechos fundamentales de las personas.
En ese sentido, las tres reformas más importantes en términos de impacto y consecuencias de las propuestas son:
1.- Modificación del Consejo de la Magistratura: el oficialismo de turno obtendrá la mayoría en el organismo que se ocupa de designar y remover magistrados afectando seriamente la independencia judicial.
La independencia judicial es imprescindible y necesaria para garantizar que los jueces puedan actuar como tercero imparcial resolviendo los conflictos y dictando sentencia. Si la Justicia es parcial no sirve, deja de ser justicia.
2.- Creación de Cámaras de Casación: se incorpora una nueva instancia que lejos de agilizar, dilatará los procesos haciéndolos más largos y costosos; lo que contradice de manera directa, tanto la pretendida mejora en la agilidad y rapidez, como la ampliación del acceso a la justicia.
Asimismo, debe recordarse que el objeto de las Cámaras de Casación es unificar la jurisprudencia de los tribunales inferiores, también contrario a la pretendida democratización del Poder Judicial que debería horizontalizar sus estructuras y promover el control de constitucionalidad difuso propio de nuestro sistema constitucional, en vez de fortalecer la pirámide judicial haciéndola aún más jerárquica.
No obstante, estas cámaras sí conseguirán el objetivo de descongestionar de trabajo a la Corte Suprema de Justicia, evitando que buena parte de los asuntos lleguen al máximo tribunal recortándole en los hechos la competencia.
Por último, no puede olvidarse y dejar de destacarse, el peligro de que todos los integrantes de las nuevas Cámaras de Casación Contencioso Administrativo, Civil y Comercial, y laboral y previsional sean designados por un mismo gobierno.
3.- Regulación de las medidas cautelares: esta iniciativa limita la posibilidad de las personas para accionar contra el Estado en defensa de sus derechos humanos fundamentales.
Las medidas cautelares dictadas en el marco de una acción de amparo, aseguran el derecho de defensa de las personas ante el Estado frente a la vulneración de sus derechos; y no de cualquier derecho sino de aquellos expresamente enumerados en la Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos receptados e incorporados a nuestro sistema constitucional en su artículo 75 inciso 22.
Esto se debe a que el proyecto propuesto incorpora una serie de limitaciones temporales tendientes a dejar casi anulados por completo los reclamos en contra del Estado en cuestiones de derechos patrimoniales, económicos, sociales y culturales. Para dar un ejemplo, de aprobarse la modificación legal, en el caso de que se diera un nuevo corralito, la gente no podría accionar judicialmente para recuperar su dinero.
Ideas para el debate y la reforma
La transformación necesaria para mejorar el actual sistema de administración de justicia debe centrarse en resolver sus principales defectos y debilidades, haciéndose cargo de: el acceso a la Justicia, la mejora del funcionamiento del Poder Judicial, superar la sobrecarga de trabajo y agilizar los procesos para que los conflictos se resuelvan más rápido.
La falta de acceso a la justicia es el mayor problema de nuestro sistema judicial. Es prioritario ampliar su accesibilidad de manera igualitaria para todas las personas, y en especial para aquellos sectores de la población más desfavorecidos; para ello resulta necesario remover los obstáculos que impiden un acceso pleno, creando instancias y herramientas más accesibles y menos burocráticas para la gente común.
El Poder Judicial también requiere de reformas que lo adecuen a los estándares republicanos previstos en nuestra constitución nacional. Pero el criterio orientador de los cambios no debe ser la democratización, sino sus principios republicanos: igualdad ante la ley, división de poderes, independencia judicial, publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
La Justicia necesita cambios, y aún con la aprobación de los seis proyectos propuestos la reforma judicial continua pendiente. La reforma no debe afectar la independencia del Poder Judicial, que es su esencia y la razón de su existencia; el desafío será modernizar el sistema judicial garantizando la imparcialidad de sus magistrados para que a la hora de juzgar y resolver puedan defender los derechos individuales frente a los avances de la mayoría, el Estado y/o cualquier otro poder circunstancial.