El amague del jueves 20, anunciado por el jefe de Gabinete de ministro y vocero del gobierno Jorge Capitanich de limitar las ganancias, el olvido de los derechos humanos de los estudiantes venezolanos y en especial el silencio ante el segundo aniversario de la tragedia de Once que demostró nuestra presidente, parece una copia barata de la política venezolana, pero no por ello menos lamentable y peligrosa. El sábado estuve en los dos actos que se dieron en Buenos Aires, donde el reclamo por el respeto por los derechos humanos en Venezuela y en Argentina era el eje central: “libertad” se exigía en las escalinatas de la Facultad de Derecho, y “justicia” se reclamaba en la Plaza de Mayo.

En ambos países murieron jóvenes. En ambos países hay tristeza y desamparo. En ambos países los gobiernos no se hacen cargo, ni toman las medidas para solucionar la crisis. No hay funcionarios ni sentenciados ni despedidos, como tampoco pedidos de disculpas; pero sí “enemigos declarados” como la prensa y los medios. En ambos países, la omnipotencia del Estado está diluyendo la democracia. Pero también en ambos países, como ocurrió en Ucrania, la sociedad civil se involucró. Seres humanos comprometidos demuestran coraje cívico y luchan a su manera por la defensa de sus derechos, haciendo visible que la dignidad humana y la lucha por la libertad son irrenunciables.

Y la tarea no es fácil, porque los representantes de los regímenes populistas y autoritarios usan las mismas palabras que los individuos. Pero no se refieren a lo mismo. No interpretan a los “derechos humanos” para defender al ciudadano, sino para consolidar el poder en nombre del “pueblo”. Se apropian de términos o conceptos , para crear estados de legalidad, con los que violan derechos. Como hacerle entender a estos gobiernos que el bienestar no es malo, todo lo contrario, trae paz e integración.

El gobierno de Venezuela decretó hace un mes, un nuevo control de precios y límite a las ganancias empresariales con duras penas de cárcel para quienes acaparen productos o los vendan a sobreprecio. Penas de prisión de hasta 14 años por delitos que incluyen “acaparamiento, desestabilización de la economía y tráfico de alimentos subsidiados para ser vendidos luego a un precio diferente al oficial”. La medida se justificaba como, un nuevo esfuerzo del presidente Nicolás Maduro por frenar la inflación, pero estas medidas en vez de mejorar la situación, escalaron el deterioro del empleo y producción, llevando al enfrentamiento y desamparo actual.

Hoy vemos las tristes consecuencias de violencia y muerte en ese pais ¿Qué queremos copiar? Para que insistir con recetas e imposiciones que no sirven, como la Ley de Abastecimiento o aferrarse a un sistema de retenciones que está ahogando al campo. Intentemos afrontar la inflación con incentivos a inversiones, reducción del gasto publico, alivianar la carga impositiva y fomentar empleos. Lejos de recordar nuestra historia, de aprender de lo que está sufriendo Venezuela, e incluso de interpretar el desenlace de Ucrania, el gobierno se empecina en involucrar a Quebracho y tratar de “legalizar” la incompetencia: se olvidaron de Juan Bautista Alberdi y de nuestra constitución.

Que la “Rumba y Revolución” madureña, no termine siendo adaptada en un triste “tango e intervención” kirchnerista. Porque como dijo en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos en 2013, el presidente alemán Joachim Gauck, “quien no escucha el mensaje de los derechos humanos, se encontrará más tarde o más temprano del lado de los perdedores de la historia”

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