El fiscal José María Campagnoli fue suspendido anoche por presunto “mal desempeño” en una causa en la que investigaba al empresario Lázaro Báez, al cabo de una reunión a puertas cerradas del Tribunal de Enjuiciamiento de la Procuración.
El consejo evaluador votó finalmente por cuatro a tres en favor del pedido de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que se suspenda a Campagnoli a fin de iniciarle un juicio político.
Campagnoli dijo que “va a recurrir a todas las instancias que sean necesarias” para defender lo que considera “el trabajo de un fiscal” y afirmó que su actuación en el expediente por lavado de dinero “molestó por tocar a empresarios vinculados al poder”. “La jueza de primera instancia no hizo más que convalidar mi investigación y llamar a las personas que yo imputé”, señaló a la prensa.
En la puerta de la Procuración, donde se decidía su futuro, Campagnoli -quien recibió el apoyo de los fiscales, diputados y magistrados* dijo que le parecía “una falta de respeto” que no sean “presenciales estas deliberaciones” sino “a puertas cerradas” sin darle “la posibilidad de asistir”. Frente a posible suspensión del fiscal, un grupo de diputados nacionales de distintos bloques de la oposición solicitaron al Tribunal de Enjuiciamiento una audiencia previa al jury, que fue rechazada, y presentaron un amicus curiae. Adrián Pérez Orente Renovador), Laura Alonso (PRO), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Manuel Garrido (UCR), Cornelia Schmidt Liermann (PRO) y Fernando Sánchez (CC-ARI) entre otros, fueron quienes se acercaron hasta el Ministerio Público de la Nación a exponer su solicitud, pero el pedido de audiencia fue rechazado por el presidente del Tribunal, Ernesto Kreplak, quien adujo que “no se encuentra prevista en el reglamento una instancia previa”.
“No nos dejaron entrar y nos explicaron que el jury contra Campagnoli es una instancia a puertas cerradas, en tanto el período de e enjuiciamiento es abierto al público”, indicó Bullrich a Noticias Argentinas.
Los diputados advirtieron acerca de la posibilidad de que el fiscal Campagnoli no pueda ejercer su derecho a la defensa, según las garantías constitucionales, y expresaron que es “inadmisible que esta situación tenga lugar en un Estado de Derecho, y lo que es peor, ocurra en el ámbito del Ministerio Público”.
“La discrepancia de criterio acerca del modo y estrategia con que Campagnoli debió dirigir la investigación a su cargo”, advirtieron los diputados en el Amicus curiae.