Entre el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, desde la Secretaría de Comercio Exterior y el Canciller Héctor Timerman en el timón de las Relaciones Exteriores, están logrando que nos enemistemos reiteradamente con países con los que nos unen no solo lazos comerciales y estratégicos, sino familiares y de afecto, claramente tradicionales.

Uruguay está –otra vez– sufriendo las restricciones a la arbitraria política de importaciones impuesta por el secretario Moreno, siendo que además Argentina hace caso omiso a los fallos arbitrales que se dictaron en Mercosur, cuando éstos la desfavorecen.

Es inconcebible que nuestro cuestionado Canciller también utilice la estrategia del ‘relato’ para tergiversar la realidad en las relaciones con nuestro hermano Uruguay por el tema de la papelera. Pero es así. En un universo donde impera la mentira, no debería sorprendernos.

Pero es dolorosa y perjudicial, como situación.

Uruguay no solo no ha roto unilateralmente el diálogo, sino que se ha pronunciado a favor de la continuación del mismo, con propuestas concretas para seguir adelante en las conversaciones.

A pesar de haber Uruguay completado correctamente su compromiso de entregar la información y documentación necesaria, incluso en varias ocasiones suministrando información adicional, Argentina no ha podido, o no ha querido, señalar concretamente al Estado uruguayo cuales eran los aspectos del proyecto que podrían causar un perjuicio sensibles a la calidad del agua, o inconvenientes a la navegabilidad del río, etc .

Menos aun ha propuesto modificaciones concretas al proyecto o a la realización de ajustes. Solo se ha limitado a seguir presentando sucesivos pedidos de información absurdos, o de cierre de la planta o de producción de pasta, con el mero objeto de obstaculizar la cooperación.

Como argentinos, no debemos tolerar que, mediante esta práctica abusiva, el derecho a la información con el que cuentan las Partes conforme a los artículos 7 a 12 del respectivo Estatuto, se vea transformado en un perverso y presunto ‘derecho de veto implícito’ sobre los proyectos que se llevan a cabo en territorio de la otra Parte.

Ello constituiría una flagrante violación de lo establecido en los párrafos 153 a 155 de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 y sería contrario a la naturaleza, el objeto y al espíritu del Estatuto del Río Uruguay.

A pesar de esta conducta, poco ética, de la Argentina, Uruguay fue más allá. En ocasión de la visita de su canciller Luis Almagro Lemes a la Argentina, el pasado 1º de octubre, se hizo entrega a nuestras autoridades de una propuesta superadora, que aporta una base concreta para poder alcanzar los más altos estándares internacionales para la protección del río Uruguay, aplicables tanto a sus aguas como a los efluentes que se vierten en el mismo, desde ambas márgenes. A dicha propuesta de alcanzar un nuevo marco normativo en la CARU que satisfaga el interés común de preservar la calidad ambiental del Río Uruguay no ha habido respuesta alguna.

Los principales retos que tienen los países hermanos, es centrarse en (i) la eliminación de las diferencias existentes, tanto diplomáticas como en materia de productividad; y (ii) fortalecer los niveles de internacionalización y encadenamientos productivos, velando porque el desarrollo de sus economías se haga con el necesario respeto por el medio ambiente, por lo que debe mantenerse siempre un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección medioambiental.

Para ello no hay otra vía que apostar al diálogo constructivo, no a recurrir a chicanas tan perversas como lamentables, que tan sólo desprestigian a nuestro país.