La presidenta del bloque FPV de diputados, Juliana Di Tullio, dijo que el país cuenta ahora con recursos para tomar muestras de ADN y que el registro sea eficaz.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto para crear un Registro Nacional de Datos Genéticos de los responsables de delitos contra la integridad sexual, que aportará a la Justicia una herramienta para el seguimiento de autores de ese tipo de hechos aberrantes.
El proyecto fue aprobado sobre tablas, en sesión ordinaria, por 211 votos positivos y uno solo negativo de la diputada ex arista Marcela Rodríguez, un día después de haber recibido despacho favorable en la reunión conjunta de las comisiones de Familia y de Presupuesto del mismo cuerpo legislativo.
El presidente de la comisión de Legislación Penal, que fue cabecera para el tratamiento de la iniciativa, el kirchnerista Oscar Albrieu, destacó que con esta norma se incorporan “avances tecnológicos” para brindar “una herramienta más a la política criminal para la eficacia de la aplicación de la ley del Estado”.
Desde el radicalismo, Manuel Garrido marcó sus disidencias con el proyecto que, en general, contó con el apoyo de su bloque. Garrido estimó “poco razonable que el registro sólo se circunscriba a los condenados por delito sexual porque da a entender que presupondría un mayor nivel de reincidencia”, lo cual dijo que “es un mito que no abonan las cifras tanto nacionales como internacionales”.
Consideraciones
Mientras, la macrista Cornelia Schmidt-Liermann señaló que “la gran cantidad de denuncias por casos de violación hacen que en Argentina sea imprescindible contar con una herramienta eficaz para la prevención de este delito”. Sin embargo, aseveró que se perdió “la oportunidad de consensuar un proyecto de avanzada. El registro de violadores es un proyecto muy específico para delitos de índole sexual”.
En ese contexto, propuso que se aprobara una ley “más amplia, creando un Banco Nacional de Huellas Genéticas Digitalizadas No Codificante universal” que facilite “la identificación y el rastreo de paradero de personas desaparecidas como en casos de trata de personas o robo de bebés”.
El sojero salteño Alfredo Olmedo propuso, por su parte, “la castración” de violadores y pedófilos.
A su turno, la jefa del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, advirtió que en la actualidad y “gracias a los esfuerzos hechos en estos años” la Argentina “tiene capacidad, a diferencias de años anteriores, para tomar muestras (de ADN) en todo el territorio nacional”. Y consideró que esa situación hace que se esté “en condiciones para que esto (por el registro) sea un instrumento eficaz”.
Represión con fecha cambiada
El Senado postergó para una próxima sesión el tratamiento de un proyecto que establece un resarcimiento para los presos políticos, ya que el texto que recibió la Cámara Alta registraba una fecha de inicio del programa distinta a la que había aprobado Diputados.
El Senado debió pasar a un cuarto intermedio para que los presidentes de bloques decidieran qué hacer ante una denuncia del justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá, quien dijo que la iniciativa aprobada en Diputados tenía una fecha de comienzo: el 24 de marzo de 1976 -día del golpe militar-, mientras el que se disponía a analizar el Senado fijaba esa data el 6 de noviembre de 1974.
El senador puntano advirtió que la diferencia es “muy grave, porque se trataría de un error, de una avivada de alguien o una falsificación”, y en cualquiera de esas alternativas no correspondía que el Senado lo tratara.
Aseguró además que si se aceptaba, como señalaba el proyecto, que esos presos políticos fueron “víctimas de delitos de lesa humanidad”, aceptar la fecha de 1974 significaría que el gobierno de Isabel Perón ejerció durante 15 meses el poder con esas características. Tras deliberar durante 15 minutos, los presidentes de bloques acordaron retirar el tema y pedir a Diputados que le envíe un informe sobre la fecha precisa que se quiso instaurar.
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