El diario La Nación reveló que el empresario santacruceño se convirtió en una fuente de “millonarios ingresos” para los Kirchner. Y atribuyen a eso el desplazamiento del fiscal Campagnoli.
Dirigentes del arco opositor reclamaron a la presidenta Cristina Fernández “respuestas” de forma “inmediata” sobre las denuncias de supuestos vínculos con el empresario Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero, y advirtieron respecto al “modus operandi de la corrupción sistémica en la Argentina”.
Los diputados nacionales Elisa Carrió (Unen) y Hermes Binner (PS), la titular de la Coalición Cívica de Santa Cruz, Mariana Zuvic, y referentes del Frente Amplio Progresista (FAP) hicieron referencia a una denuncia periodística que se publicó en el diario La Nación, donde se consigna que Lázaro Báez habría asegurado “millonarios ingresos” a la presidenta y su familia.
Según afirmaron voceros de Carrió, la opositora tenía previsto presentar una denuncia penal contra la Presidenta y los “sucesores” del ex mandatario fallecido Néstor Kirchner por “lavado de dinero y corrupción”.
En la nota se advierte que “el 90 por ciento de las facturas” que emitió la gerenciadora de los hoteles de la familia de la presidenta “se destinaron a Austral Construcciones y otras firmas de Báez, que les aseguraron a los Kirchner la supuesta ocupación de un tercio de sus habitaciones durante años”.
Esta denuncia periodística se difundió luego de la suspensión del fiscal José María Campagnoli por su presunto “abuso de poder” en la investigación contra el empresario kirchnerista.
Rápida respuesta
“Está en juego la honorabilidad de la señora presidenta, la credibilidad de la más alta investidura del país, y por eso no es precisamente silencio lo que se espera como respuesta en un país normal”, aseguró Binner y le exigió una “rápida respuesta” a la presidenta.
En un comunicado, afirmó que “en un país normal ya debería estar la respuesta del gobierno ante la denuncia periodística del diario La Nación” y exigió: “La Justicia debería actuar de oficio inmediatamente”.
Apuran el enjuiciamiento a Gils Carbó
La diputada nacional del PRO, Laura Alonso, envió una carta al presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, para que se constituya “urgentemente” la Comisión de Juicio Político para que trate los pedidos presentados contra la procuradora Alejandra Gils Carbó.
“Es de una gravedad institucional inusitada el accionar de la procuradora Gils Carbó, exigimos tratar los pedidos de juicio político por mal desempeño que ya fueron presentados”, señaló la legisladora macrista. Y explicó que existen tres pedidos de juicio político que versan sobre distintas falencias del accionar de la procuradora que “no sólo hablan de su mal desempeño sino fundamentalmente de una animosidad en contra de los principios republicanos de la Constitución Nacional”.
En la misiva, Alonso exigió también la apertura de un sumario contra Gils Carbó, ya que la suspensión de Campagnoli, quien investigó a Lázaro Báez y su entorno por causas de corrupción, es grave “por su falta manifiesta de fundamentos, sus inadecuados términos y sus graves implicancias para la independencia de los fiscales de la Nación”.
“Sin someterse a la Constitución ni a las leyes, la procuradora actúa como comisaria política del kirchnerismo en la Procuración. Está dispuesta a ir por todo como arengó en su momento la presidenta. No podemos permitir que se ensañe con fiscales de la Nación que han sido designados para investigar y controlar la legalidad de los actos sin importar las amistades o las simpatías políticas”, concluyó Alonso.
La semana pasada, antes de que se conociera la decisión de la Comisión de Enjuiciamiento de fiscales de suspender a Campagnoli, los diputados nacionales de Unión PRO Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Patricia Bullrich y Cornelia Schmidt Liermannpresentaron un pedido de juicio político contra Gils Carbó por adoptar medidas que afectan la “independencia” del Poder Judicial.
En esa misma sintonía, los referentes del FAP y diputados nacionales Juan Carlos Zabalza, Margarita Stolbizer, Jorge Valinotto y Victoria Donda también afirmaron que la jefa de Estado “debería responder de inmediato la denuncia”.
“La magnitud de la acusación y las pruebas aportadas ameritan una aclaración de la máxima investidura nacional y también que actúe de oficio el Poder Judicial”, remarcaron y reclamaron la “inmediata acción” de la Justicia.
A su vez, el titular del GEN bonaerense, Gerardo Milman, invitó a todas las fuerzas políticas democráticas a “constituir un mecanismo que juzgue e investigue de manera independiente los hechos de corrupción de la ‘década ganada’ ”.
“Las revelaciones periodísticas acerca de los contratos entre las empresas de Báez, Aerolíneas Argentinas y los hoteles en El Calafate del matrimonio Kirchner muestra el modus operandi de la corrupción sistémica” en el país, advirtió.
El dato
Alquiler
Lázaro Báez le pagó casi 3,2 millones de pesos al ex presidente Néstor Kirchner en concepto de “alquiler” de la hostería Las Dunas, en El Calafate, entre principios de 2010 y mediados de 2011, según consta en los registros contables internos de su grupo empresario que el diario La Nación analizó durante los últimos meses y dio a conocer en su edición de hoy. Pero, por lo menos en los papeles, Báez figura como dueño del establecimiento. Y Kirchner jamás lo declaró como propio ante la Oficina Anticorrupción (OA). Tampoco lo hizo su esposa.
Artilugio
La titular de la Coalición Cívica de Santa Cruz, Mariana Zuvic, consideró que el acuerdo que tendría una empresa de Lázaro Báez con el hotel propiedad de la presidenta Cristina Fernández en El Calafate sería un “artilugio para justificar” el incremento patrimonial de la mandataria.
Zuvic ratificó la información publicada por el diario La Nación según la cual la empresa Austral Construcciones, de Báez, garantizaría la compra del 90 por ciento de los lugares de alojamiento del hotel Alto Calafate. Esto, dijo la dirigente opositora, sería un “artilugio para justificar” que “cada vez que se presenta año a año la declaración jurada de Cristina Kirchner crece en forma extraordinaria”, recordó.
De esta forma, “entendemos por qué (la procuradora Alejandra) Gils Carbó fue enviada y ordenada por Cristina Kirchner a suspender a uno de los pocos fiscales que investiga” al empresario Báez, sostuvo en referencia a José María Campagnoli, quien será sometido a juicio político.
Respecto de la denuncia del diario porteño, agregó en declaraciones al canal TN, que se trata de un “artilugio contable” para que las empresas de la familia Kirchner “tengan argumentos para su rentabilidad”.
Se trataría, consideró, de un “cambio de favores para justificar el lavado de dinero y la rentabilidad que tienen estos hoteles”, sostuvo.
Finalmente, la dirigente hizo un “llamado de atención a la sociedad sobre la situación de la Justicia en la Argentina porque están garantizando la impunidad”, manifestó.
En ese sentido, advirtió en especial sobre la situación de la Justicia de su provincia y recordó el alejamiento de la jueza Ana Álvarez de la subrogancia de un juzgado federal de Santa Cruz quien, afirmó, fue “removida de facto” para ser reemplazada por “una militante acérrima del Frente para la Victoria”.
“Gran parte”, sostuvo, de las fiscalías y juzgados de la provincia de la presidenta están ocupadas por “familiares y militantes”, remarcó. “Ahora me encuentro en una especie de exilio cívico dado que se recusan todas las denuncias” que presenta por temas de corrupción ante la Justicia provincial, aseguró. Es una “Justicia para garantizar la impunidad”, sostuvo.