La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó ayer el planteo de diputados nacionales del PRO y de Unión Por Todos para que se suspenda la aplicación del fallo que declaró constitucional la Ley de Medios, hasta tanto se cumplan las reglas fijadas por el máximo tribunal.
La Corte no hizo lugar al planteo porque los legisladores no son parte en la causa y, por lo tanto, no tienen legitimidad para hacer presentaciones, informaron fuentes judiciales.
La presentación fue realizada la semana pasada por los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Jorge Alberto Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.
Los legisladores reclamaron que se suspenda el fallo “hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte como requisitos para que en la República Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa”.
Entre ellos, dijeron, recordando los considerandos del fallo, que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) sea “un órgano técnico e independiente”, que a través de subsidios o pauta oficial los medios no sean “meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada” y que los medios públicos no sean “espacios al servicio de los intereses gubernamentales”.
La Corte Suprema de Justicia rechazó la presentación que la semana pasada realizó un grupo de diputados opositores para que la Ley de Medios fuese suspendida hasta que el Gobierno nacional cumpliera con el resto de sus artículos. Según pudo saber Infobae, el máximo tribunal de justicia decidió desestimar el escrito debido a que los legisladores no forman parte de la causa que enfrenta al grupo Clarín y el gobierno nacional. La semana pasada, los magistrados dictaminaron la constitucionalidad de los artículos que eran cuestionados por el multimedio.
El plan de Clarín
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, negó versiones periodísticas que afirmaban que el Gobierno, luego de que el Grupo Clarín presentó el plan de adecuación, le iba a exigir que desistiera de llevar adelante cualquier tipo de acción legal en el futuro y ratificó que si el multimedios se siente afectado, puede recurrir a la Justicia.
“Más allá de lo que salga en los diarios, lo que está claro es que si vos tenés un plan de adecuación voluntario y hay un trabajo voluntario, significa que hay un acuerdo fruto de que coincide la propuesta que hace la empresa con lo que el organismo de aplicación está de acuerdo. Eso tendría obviamente que poder terminar con ciertas discusiones judiciales”, dijo Sabbatella en diálogo con radio Vorterix.
Sobre la posibilidad de que el Grupo Clarín imponga nuevas acciones legales, el funcionario dijo que “es un derecho que tiene todo el mundo si siente que le ocasiona un perjuicio y puede hacer una demanda civil”. “En materia de adecuación a la ley, si estamos de acuerdo en que este es el plan de adecuación, se aprueba y vos estás de acuerdo con eso, se termina la discusión judicial”, aclaró.
Ahora, dijo el funcionario, “si creés que tenés un perjuicio patrimonial, está la posibilidad de demandar ante la Justicia”. De igual forma, aclaró: “También entendemos que una persona que expresa voluntariamente que quiere adecuarse, tiene que presentar la voluntad de cumplir la ley en su conjunto y en ese sentido, nosotros hacer cumplir la ley, como por ejemplo hacer cumplir la grilla”.
En cuanto al plan de adecuación de Clarín, dijo que todavía no fue analizado y aclaró: “Tienen que generar nuevas unidades productivas y societarias para que no tengan vinculación entre sí”.
En defensa de Lorenzetti
La Corte Suprema salió ayer a respaldar en forma unánime al titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y en un comunicado afirmó que las reuniones con funcionarios gubernamentales “forman parte de la actividad normal de la República”.
Según el comunicado, esas reuniones “no tienen por objeto la discusión de las soluciones a adoptar por el Tribunal en las causas sometidas a jurisdicción”. La comunicación fue emitida por el Alto Tribunal tras las críticas recibidas por Lorenzetti, quien admitió contactos mantenidos con figuras del elenco gubernamental previo al fallo que declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios.