Un grupo de diputados macristas se presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que “suspenda” la aplicación de la ley de medios, que fue declarara constitucional por el máximo tribunal.
Los diputados pidieron que sea la Corte misma la que reglamente un conjunto de pautas que fijaron como condición para que se aplique la norma, tales como el respeto por la libertad de expresión y de prensa, y que el Afsca se constituya como “un órgano técnico e independiente del gobierno”.
La Corte fue la misma que fijó esas pautas a la par que estableció la constitucionalidad de la ley luego de rechazar planteos del Grupo Clarín que habían provocado la suspensión de la ley sancionada hace cuatro años en el Congreso de la Nación.
La presentación fue firmada por los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.
“Venimos a solicitar que se suspenda la ejecución de la sentencia recaída hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados” por la Corte sobre la aplicación de la ley, indicaron en la presentación.
Los diputados, tomando las pautas que fijó la Corte, pidieron que la autoridad de aplicación de la ley sea “un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”; al tiempo que se verifique que el Estado sea “garante de la libertad de expresión”, y que haya una justa distribución de la “pauta oficial o de cualquier otro beneficio”.
“¿Hace falta demostrar o es de público conocimiento que los medios públicos, la publicidad oficial, hacen mofa sistemática de todos los que no son oficialistas y no le dan ni espacios, ni programas, ni nada a nadie que no sea oficialista? o ¿hace falta demostrar que han despedido a periodistas por hacer preguntas a un dirigente oficialista sobre el uso político de una tragedia nacional como la inundación de La Plata?”, cuestionaron los diputados.
En ese sentido, aseguraron que la Corte “no puede desconocer la afectación de los derechos de los trabajadores de prensa”, que en 2012 se registraron 172 ataques a periodistas y reclamaron al máximo tribunal que “haga ejecutar sus decisiones con los alcances con los que fueron dictadas”.
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