El alto tribunal de Justicia salió al cruce de las críticas hacia Lorenzetti, su presidente. El máximo tribunal no hizo lugar al pedido de diputados macristas y otros opositores. El cuerpo resaltó que sostiene la independencia del Poder Judicial, tanto en sus sentencias como en su posición institucional
TODOS DE ACUERDO. La Corte criticó a quienes atacan a sus miembros, cuando una decisión no satisface las expectativas de algún sector.
La Corte Suprema de Justicia afirmó que las reuniones con funcionarios gubernamentales “forman parte de la actividad normal de la República” y remarcó que “ha sostenido la independencia del Poder Judicial con firmeza, tanto en sus sentencias como en su posición institucional”.
En un comunicado firmado por todos sus miembros, la Corte sostuvo que “las reuniones entre los representantes de poderes del Estado forman parte de la actividad normal de la República y no tienen por objeto la discusión de las soluciones a adoptar por el Tribunal en las causas sometidas a su jurisdicción”.
Y agrega que, “a tales fines, esta Corte es representada por su presidente (Ricardo Lorenzetti), quien informa al cuerpo colegiado de todas sus gestiones, las que siempre han sido ratificadas por el pleno”.
La comunicación fue emitida tras las críticas recibidas por el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, quien admitió contactos mantenidos con figuras del elenco gubernamental, previo al fallo que declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios.
Rectificación
Si bien Lorenzetti había señalado el domingo en un reportaje al diario Perfil que se había reunido con la presidenta, Cristina Fernández, sin hablar del tema, el lunes tuvo que pedir una aclaración sobre reuniones admitidas también por él con Carlos Zannini.
“El presidente de la Corte solicitó aclarar que si bien se comunicó con el secretario Legal y Técnico, no lo hizo en relación con la Ley de Medios”, publicó el lunes la página web de Perfil, para rectificar el “malentendido” por la nota realizada por el director de ese medio, Jorge Fontevecchia.
La Corte advirtió también que “no contribuyen al fortalecimiento institucional los ataques dirigidos a los miembros del Tribunal cada vez que una decisión de esta Corte no satisface las expectativas de algún sector de la opinión pública”.
“Esta Corte, desde que se consolidara la actual composición, realizó ingentes esfuerzos para fortalecer las instituciones de la República. Así, ha sostenido la independencia del Poder Judicial con firmeza, tanto en sus sentencias como en su posición institucional”, resaltó el alto tribunal .
Los ministros añadieron: “la elaboración de las sentencias y las deliberaciones internas de este Tribunal se ajustan estrictamente a los procedimientos legales establecidos al efecto y su contenido es el resultado de la interpretación de las leyes y de la Constitución Nacional que a él le compete”.
También manifestó que “la democracia necesita un debate robusto de los actos estatales, lo que por cierto incluye a las sentencias judiciales, que pueden ser ampliamente criticadas por la opinión pública y los medios de comunicación”.
Rechazan la suspensión de la sentencia
La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer la presentación de diputados del PRO y otros opositores que habían solicitado la suspensión de la aplicación de la Ley de Medios, hasta tanto se cumplan con las pautas que fijó el máximo tribunal al declarar la constitucionalidad de la norma.
Dichas pautas se referían a la “independencia” de la Afsca y a la regulación de la publicidad oficial, entre otras cuestiones.
La Corte consideró que los diputados macristas no son parte en el proceso, es decir, no están legitimados para hacer la solicitud, y que esa “no es esa la vía procesal”.
La presentación que rechazó la Corte la efectuaron los legisladores Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Jorge Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.
Los dirigentes opositores reclamaban que “se suspenda la ejecución de la sentencia recaída hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte como requisitos para que en la Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa, fundamentos necesarios del Estado de Derecho y del sistema democrático establecido por el artículo primero de la Constitución Nacional”.
Reclamaban la suspensión de la sentencia hasta que exista una autoridad de aplicación de la Ley de Medios, que sea efectivamente “un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión”.
En tanto, el diputado Claudio Lozano celebró ayer el rechazo al pedido de los opositores para que se suspenda la sentencia que declaró constitucional la Ley de Medios Audiovisuales, y consideró que tanto el macrismo como la diputada Elisa Carrió “son opositores a la democratización del sistema de medios”. “Es un disparate pedir que se suspenda la sentencia” que debió salir mucho tiempo antes, afirmó.