La nueva norma permitirá contar con una detallada base de datos de agresores sexuales de todo el país.

La iniciativa facilitará el trabajo de los jueces y fiscales al contar con material para ser vinculado a las distintas causas investigadas.

Buenos Aires (Télam) > La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, en una votación que contó con 205 votos a favor y solo uno en contra. Después de tres horas de debate, en las que se acotaron los discursos como consecuencia del acuerdo previo entre las diferentes bancadas, se dio aval al proyecto enviado hace diez meses por el Senado.

La sesión fue seguida desde las galerías del recinto por representantes de organizaciones no gubernamentales de familiares de víctimas de delitos sexuales.

En el inicio del debate, el presidente de la comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu (Frente para la Victoria), en su carácter de miembro informante del proyecto señaló que se trata del abordaje “de un delito, que nos interpela a menudo desde los medios”.

Aclaró que el registro es “la sistematización de la información obtenida en el marco de una investigación y con condena firme” y que “siempre será de carácter reservado, en el marco de una investigación penal posterior; por lo que queda prohibida su utilización para otros fines”.

Ayudar en la investigación

La norma facilitará el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual.

El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida durante una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos contra la integridad sexual.

Además, la norma establece que los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

Asimismo, el proyecto explica que el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro.

Las constancias obrantes en el Registro serán consideradas datos sensibles y de carácter reservadas y se conservarán de un modo inviolable e inalterable los archivos de información genéticas.

La información del registro, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sólo será dada de baja trascurridos cien años desde la iniciación de la causa, ya que “no rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el Código Penal”.

Posturas

Durante el debate en el recinto, la diputada oficialista Diana Conti precisó que “se trata de un instrumento para decirle no a los violadores y asesinos”.

Por el radicalismo, María Luisa Storani explicó: “Es fundamental un registro de ADN vinculados a delitos contra la integridad sexual. Este banco, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, almacenará muestras genéticas, fotografías actualizadas y una reseña de los domicilios actuales de los abusadores”.

Cornelia Schmidt-Liermann, del PRO, justificó su apoyo al expresar que “en honor a los que ya no están y para evitar nuevos crímenes es que tiene que existir un banco centralizado de datos genéticos”.

Para Alicia Comelli, del MPN, “nadie frente a los lamentables hechos que suceden a diario podría estar en contra de crear por ley un registro de violadores con sentencia firme, pero me veo obligada a alertar que la sanción de leyes para tratar la seguridad en forma parcial sólo dan resultado coyuntural”.

 

El único voto en contra fue el de Marcela Rodríguez, quien sostuvo que la iniciativa “contradice las reformas feministas de los setenta”, y que “no comprende quiénes son los violadores, quiénes son las violadas y por qué se comenten las violaciones”.