El habitual acuerdo que los jueces de la Corte Suprema realizan todos los martes esta vez fue mucho más agitado que de costumbre: el Gobierno redobló sus presiones para que el máximo tribunal se pronuncie ya mismo sobre la ley de medios y algunos de los magistrados parecen haber acusado recibo de esa situación.

El domingo último, LA NACION reveló que cuatro días antes la presidenta Cristina Kirchner le había reclamado a uno de los ministros del tribunal que la Corte se pronunciara en forma inmediata sobre la controvertida ley. También el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, había tomado contacto con otros magistrados.

La ley de medios fue sancionada en 2009 y el Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de cuatro de sus artículos. En primera instancia ganó el Gobierno, pero la Cámara Federal, Civil y Comercial revocó parcialmente el fallo.

Ahora, la primera mandataria pretende que la Corte se pronuncie -antes de las elecciones de octubre, si fuera posible- en favor de la validez de toda la norma con la que el Gobierno busca desarticular al Grupo Clarín.

El resultado de las elecciones internas (PASO) realizadas en agosto convenció a Cristina de que los comicios del 27 serán más difíciles de lo que había imaginado. Por eso, la Presidenta decidió -antes de haberse agravado su cuadro médico y de haber sido operada- que era necesario inyectarle oxígeno a la campaña con una buena noticia.

Para lograrlo, la Presidenta está buscando un triunfo categórico del Gobierno sobre el Grupo Clarín. Quiere que su victoria se convierta en una derrota dolorosa que le permita deslegitimar al grupo de medios crítico.

Tal vez haya sido aquella conversación de Cristina o los contactos de Zannini lo que provocó que, anteayer, el habitual acuerdo que los ministros de la Corte realizan los martes tuviese el caso Grupo Clarín como uno de los temas centrales.

Ayer, repentinamente, comenzaron a aparecer algunos borradores preliminares del fallo y dos de los siete jueces quisieron apurar el paso de todo el tribunal.

El dilema que el Gobierno le presenta a la Corte, sin embargo, no es sencillo.

En efecto, por un lado, durante los últimos años la Corte construyó un considerable prestigio y la imagen de ser independiente, por más que los contactos de algunos jueces del tribunal con el Gobierno no se interrumpieron.

Y, por otro lado, ceder a la presión de Cristina y apurar el dictado de una sentencia puede conllevar varios trastornos.

El primer escollo es de índole técnica: la ley de medios tiene muchos matices complejos y el fallo que dictó la Cámara Federal está muy bien fundamentado. Revocarlo en todo o en parte no sería sencillo y los jueces necesitan tiempo para estudiar el caso.

El segundo escollo es político y judicial: la Corte tiene una centenaria tradición de dejar pasar el tiempo hasta que baja la espuma de los casos y la controversia política se aplaca. ¿Quebrará el tribunal esa tradición para zambullirse en la coyuntura política, tal como pretende el kirchnerismo?

El tribunal, que siempre se preció de defender con sus fallos la libertad de prensa, enfrenta ahora un desafío adicional: si aprueba la desinversión, las licencias que venda el grupo podrían terminar en manos de empresarios kirchneristas y cambiaría la línea editorial. ¿Habrá entonces más o menos libertad de expresión?.ß

Denuncian a Lorenzino y a Katya Daura

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la presidenta de la Casa de Moneda, Katya Soledad Daura, fueron denunciados ante la Oficina Anticorrupción por incompatibilidad de funciones debido a sus designaciones como interventor y subinterventor de la Compañía de Valores Sudamericana SA (ex Ciccone), nacionalizada. La denuncia fue del diputado Pablo Tonelli (Pro), acompañado por sus colegas Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Silvia Majdalani, Laura Alonso, Cornelia Schmidt Liermann y Julián Obiglio.