El Gobierno nacional está convencido en seguir tomando medidas que generen disgustos en la Mesa de Enlace hasta el último día de mandato de Cristina Kirchner. Es por esto que en las últimas horas se publicó una resolución que hizo estallar de bronca a los dirigentes rurales.
A través de la resolución 360/15 –publicada este jueves en el Boletín Oficial– la Secretaria de Comercio creó el “Registro de demanda de trigo disponible para su comercialización”, en el cual deberán inscribirse los exportadores interesados en comprar la mercadería en cuestión.
En otras palabras, Augusto Costa decidirá quién puede (o no) comprar las casi 400.000 toneladas de trigo inscriptas en dicho registro en el cual se anotaron unos 1364 productores. Es decir, atribuciones que tenía la antigua Junta Nacional de Granos de la década del 80.
La medida establece que los exportadores tendrán que informar cuánto quieren comprar y el precio que están dispuestos a pagar. Para eso deberán presentar en la sede porteña de la Secretaría de Comercio una Declaración Jurada en papel antes del 15 de septiembre.
La resolución indica que la oferta de trigo “será distribuida conforme al orden de mérito que resulte en un 30% para el sector cooperativo únicamente y el 70% restante para todos los demás comercializadores. Pero no se aclaró cuáles son los méritos que serán tenidos en cuenta.
La normativa además señala que “teniendo en cuenta las ventajas del cooperativismo para los productores, deviene oportuno otorgarle a ese sector un trato diferenciando, fortaleciendo el rol de este sector en la comercialización de granos”.
En este contexto, la Mesa de Enlace (compuesta por la Sociedad Rural, CRA y Coninagro) salió al cruce de la medida. “Esto se suma a las listas de productores ya existentes, a los ROEs y cupos implementados por el Gobierno, empeorando aún más la comercialización”, apuntaron.
“Rechazamos esta nueva y dañina resolución que interviene nuevamente el mercado de trigo y solicitamos a las autoridades y legisladores nacionales que deroguen la resolución 543/2008 y los impuestos a la exportación de modo que se genere transparencia y competencia”, agregaron.
En tanto, en un comunicado de prensa, la Mesa de Enlace reclamó que “los productores de trigo deben contar con las mismas condiciones comerciales que sus competidores de Estados Unidos, Francia o Uruguay y no copiar modelos del pasado que han demostrado su fracaso”.
En la misma línea, a través de la diputada nacional Cornelia Schmidt Liermann, el PRO también se sumó al rechazo a la mini Junta de Granos que administrará la Secretaría de Comercio y que creó el ministro de Economía, Axel Kicillof.
“La medida representa otra traba más que atenta contra la libertad de comercio que establece nuestra Constitución”, señaló la diputada, para luego mencionar que “el Gobierno no deja de repetir medidas que van desangrando al sector agroindustrial”.
“A esta altura ya podemos hablar de una compulsión a la repetición de barbaridades fiel a la incoherencia del kirchnerismo”, disparó Schmidt Liermann. “En campaña el campo es un sector estratégico para el Gobierno, pero en los hechos sus medidas destruyen a los productores”, agregó.
Por su lado, la especialista en temas tributarios agropecuarios, Claudia Chiaradía, explicó que “para poder inscribirse, los comercializadores deberán completar la información en la web del Ministerio de Economía y presentarla a modo de declaración jurada antes de los tres días hábiles contados desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial”.
Por último, en el marco de las diferencias entre Kicillof y Carlos Casamiquela, el saldo exportable de trigo 2014/15 habilitado hasta el momento por el ministro de Economía es de 4,5 millones de toneladas, mientras que en Agricultura estiman que el mismo es de 7,2 millones.