La diputada del GEN-FAP Margarita Stolbizer tildó al empresario Lázaro Báez de “mafioso fabulador” y aseguró que “todas las investigaciones apuntan directamente a su vínculo irregular con los Kirchner”.
Remarcó que “todas las señales son bien brutales.
Reforma judicial, suspensión a (fiscal José María) Campagnoli, y una nueva avanzada contra el periodismo, la investigación y la transparencia”.
“Es obvio que el kirchnerismo está estructurando una salida del poder con impunidad”, expresó la líder del GEN y finalizó que “en lugar de perseguir periodistas, Lázaro Báez debería explicar abiertamente ante la justicia y ante la opinión pública su versión de los hechos y justificar los manejos de dinero”.
Mientras que el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, consideró como una “vergüenza” el pedido del empresario.
“En la Justicia de Santa Cruz todo es posible, habrá que prepararse a que un juez le de lugar a Báez; desnuda que efectivamente la información de La Nación es cierta”, aseguró.
“Si fuera falso, recurriría a la Justicia pidiendo por daños y perjuicios; si se pide que no se publique de antemano es porque la información es verídica; y si es verídica, la prensa tiene todo el derecho a publicarla y tiene un carácter público notorio”, remarcó.
DENUNCIA Mientras que diputados de Unión Pro presentaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que se investigue de manera “urgente” los convenios entre Aerolíneas Argentinas y una empresa de Lázaro Báez, que gerencia los hoteles de la familia de la presidenta Cristina Fernández, en El Calafate.
La acción fue impulsada por los diputados Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, Eduardo Cáceres, Gisela Scaglia, Gladys González, Federico Sturzenegger y Cornelia Schmidt Liermann.
En la presentación ante el organismo que dirige Julio Vitobello los legisladores apuntaron sobre los presuntos negocios que Aerolíneas mantiene con la empresa Valle Mitre S. A., que gerencia los hoteles de la familia Kirchner en El Calafate, a través de Báez.
Pidieron a la Oficina de Anticorrupción que disponga las medidas necesarias a fin de “intimar” a la Presidenta a “ajustarse a derecho, realizando las acciones pertinentes para ajustarse a la Ley de Etica Pública, la cual está siendo incumplida por la primera mandataria”