Pusimos en agenda una asignatura pendiente. Si bien contamos con el Decreto de Acceso a la Información Pública, el reclamo por una Ley fue persistente ya que resulta una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción.
Se trata de un enorme paso para un sistema más transparente, donde podamos responder a preguntas de los ciudadanos más rápidamente. Y no solo con obligación de informar para el Poder Ejecutivo sino también para el Judicial, Legislativo, los ministerios y provincias. Una deuda que teníamos con los argentinos desde hace muchos años.
Lo novedoso además, es que se sancionará a los funcionarios que obstruyan o no cumplan con el tiempo establecido de 15 días para suministrar la información requerida. Se anunció también la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública que ofrecerá asesoramiento durante el proceso y la obligación de publicar estos datos en sitios web oficiales de forma clara y entendible.