La Cámara de Diputados aprobó la ley que crea un registro de datos genéticos que mantendrá por 100 años la información de las personas que hayan cometido ese delito. Se aprobó con 211 votos y sólo Marcela Rodríguez votó en contra.
La Cámara de Diputados convirtió esta tarde en ley el proyecto para crear el Registro Nacional de Datos Genéticos de los responsables de los delitos de violación, por una amplia mayoría integrada por legisladores de distintas fuerzas políticas.
La iniciativa que sumó 211 votos a favor y solo uno en contra, de la diputada Marcela Rodríguez, había recibido ayer dictamen favorable del plenario de las comisiones de Familia y de Presupuesto de la cámara baja.
“Vamos a incorporar una herramienta técnica en uno de los delitos que más irritación e impotencia nos causa como sociedad”, celebró Julián Domínguez, presidente de la Cámara.
El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos contra la integridad sexual.
Además, la norma establece que los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Por otra parte, el proyecto explica que el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro.
Por último, las constancias obrantes en el Registro serán consideradas datos sensibles y de carácter reservadas y se conservarán de un modo inviolable e inalterable los archivos de información genéticos.
El titular de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu (FpV) explicó que no se trata de un banco al que podría acceder cualquier persona, ya que todos los datos serán considerados “sensibles y de carácter reservado” y solo serían suministradas a jueces y fiscales en el marco de alguna investigación por abuso sexual.
La información del registro -que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- sólo será dada de baja trascurridos nada menos que cien años desde la iniciación de la causa, ya que “no rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el Código Penal”.
La ex ARI Marcela Rodríguez justificó con énfasis su voto negativo, al sostener que “contradice las reformas feministas de los setenta, uno de los pocos avances de violencia sexual contra las mujeres”. También advirtió que el proyecto “no comprende quiénes son los violadores, quiénes son las violadas y por qué se comenten las violaciones”.
La radical María Luisa Storani, en tanto, también criticó que sólo se incorporen los delitos contra la integridad sexual y se excluyan los referentes a la integridad física. Asimismo, Cornelia Schmidt-Liermann (Pro) remarcó la necesidad de un banco de huellas genéticas digitalizadas no codificante, para los casos de desapariciones por trata de personas o robo de bebés.
Pero la mayor crítica llegó de parte del radical Manuel Garrido, ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), quien consideró excesivo que los datos permanezcan por 100 años.
“Debe cumplirse lo señalado en el artículo 51 del Código Penal”, que es el que marca las penas para la reincidencia. Lo pidió en la votación en particular, pero el kirchnerismo se negó.