Juan Manuel Abal MedinaEl diputado nacional Omar Duclós (GEN-FAP) fue citado a los tribunales de Comodoro Py para ratificar su denuncia penal contra el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, por “violación a los deberes de funcionario público”. La cita es el martes que viene a las 10 con el juez Luis Osvaldo Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 9.
“Acusamos al Jefe de Gabinete por ‘violación a los deberes de funcionario público’, en los términos del artículo 249 del Código Penal, atento las reiteradas inasistencias del funcionario al Congreso Nacional para cumplir con lo que manda el artículo 101 de la Constitución Nacional, que exige su presencia al menos una vez por mes de manera alternada en cada Cámara, para informar sobre la marcha del Gobierno”, detalló Duclós.
“Lamentablemente el Gobierno nacional desprecia permanentemente al Congreso Nacional, desconociendo sus atribuciones y haciendo uso abusivo de su mayoría parlamentaria al restringir la agenda legislativa y clausurar el debate de temas importantes”, insistió el legislador de la provincia de Buenos Aires.
Duclós sostuvo que “desde la oposición no debemos tolerar más el ninguneo del oficialismo, debemos reivindicar claramente nuestra función y utilizar todos los instrumentos e instancias para que el Congreso, también surgido de la voluntad popular, sea respetado y pueda ejercer plenamente sus atribuciones”.
Recordó en tal sentido que “Abal Medina no concurre a la Cámara de Diputados desde el 4 de julio de 2012 y no lo ha hecho nunca durante el actual período legislativo, iniciado el 1 de marzo”.
“Ante esta situación y con el propósito de evitar que estas prácticas se naturalicen y el exceso de tolerancia nos ubique en la condición de complacientes o cómplices, me veo obligado a acudir a la Justicia para que este funcionario, el segundo en rango a nivel nacional, ante la violación a los deberes impuestos por la Constitución Nacional, reciba el reproche sancionatorio correspondiente y se normalice la comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso”, afirmó Duclós.
GUILLERMO MORENO Y LA PRESIDENTA
Los diputados nacionales Alfonso Prat Gay (CC-ARI) y Manuel Garrido (UCR) acercaron a la Justicia nuevas pruebas en la causa por “falsificación de las estadísticas de PBI”, por la que están imputados la presidenta Cristina Fernández, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y los responsables de la intervención del INDEC, entre otros.
La base de la ampliación de la denuncia es una nota firmada por el director técnico del INDEC, Norberto Itzcovich, y el director nacional de Cuentas Nacionales, Gustavo Rodríguez, en el diario Tiempo Argentino. Según los diputados, el artículo “constituye en la práctica una admisión de que lo que hoy se publica como PBI no sigue la metodología oficial del organismo ni toma las fuentes que la misma establece y es, por lo tanto, un fraude”.
“El propio Iztcovich reconoce que desde hace algunos años calculan el PBI con una metodología ‘ad hoc’. Esto ya le ha costado al fisco más de 2.300 millones de dólares y le va a costar una cifra similar cada año que Argentina deba pagar el cupón del PBI (deuda externa) de ahora en más”, sostuvo el diputado Prat-Gay.
Por su parte, Garrido se quejó del Poder Judicial: “estamos denunciando una consecuencia gravísima de la adulteración de índices del INDEC que ha sido posible por la inacción de la Justicia durante los últimos seis años.”
Los diputados porteños afirmaron que el Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes está “sobreestimado en 12,2 por ciento, según un estudio reciente y de gran difusión publicado por un investigador la Universidad de Buenos Aires y exempleado del INDEC”.
“La medición del PBI verdadero se realiza siguiendo la metodología oficial vigente así como las fuentes de datos que la misma establece; su validez está dada por el hecho de que con la misma metodología el investigador logra reproducir casi a la perfección el PBI de los años 1993-2006”, explicaron.
Y advirtieron: “como consecuencia de lo anterior, se ha pagado, entre 2007 y 2011 por los instrumentos de deuda pública vinculados al PBI, 2.366 millones de dólares en exceso de lo que habría correspondido si el INDEC hubiera publicado el PBI verdadero”.
Además, Prat Gay y Garrido alertaron que “en cada año en que corresponda pagarse el cupón de aquí en más, se desembolsarán por lo menos 1.673 millones de dólares por el efecto de la falsificación de las estadísticas, adicionales a lo que efectivamente correspondería pagar”.
“En la denuncia del 28 de mayo pasado advertimos que la mentira del INDEC era sistemática y que, además de dejar al país sin estadísticas oficiales, le estaba costando cientos de millones de dólares al fisco. En esta oportunidad, pedimos la intervención lisa y llana del INDEC para ponerle freno a la mentira”, agregó Prat Gay, expresidente del Banco Central.
MARIANO RECALDE
diputados de la oposición concurrieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para proceder a ratificar la denuncia efectuada en su momento contra el funcionario Mariano Recalde
Concurrieron este jueves Patricia Bullrich, Omar De Marchi, Paula Bertol, Cornelia Schmidt-Liermann y Gerardo Milman, quienes procedieron a ratificar la denuncia efectuada contra Mariano Recalde.
La denuncia fue realizada el día 2 de septiembre del corriente contra el doctor Recalde por abuso de poder y violación de las leyes nacionales de Defensa de la Competencia en lo que se entiende como un claro embate contra la empresa LAN.
Los diputados sostienen que Mariano Recalde, en su calidad de presidente del directorio de Aerolíneas Argentinas SA, ha cometido abuso de poder y ha violado las leyes nacionales de Defensa de la Competencia utilizando sus vínculos con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, montando así “una desleal campaña de destrucción contra la empresa LAN Argentina S.A. principal competidora de la compañía comandada por Recalde”.
Al fundamentar la denuncia, Patricia Bullrich expresó que “el accionar del joven referente del Gobierno Nacional se da dentro de lo que se entiende como una embestida contra la empresa cuyas consecuencias implicarían la imposibilidad de operar los vuelos de cabotaje con daños en materia económica y con la vulneración del empleo de miles de trabajadores afectados a LAN Argentina
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