Este martes se llevó a cabo una reunión de la comisión en defensa del consumidor, del usuario y de la competencia.
Que reunió a representantes de empresas distribuidoras de gas domiciliario y asociaciones que defienden los derechos del consumidor con el objetivo de debatir acerca del aumento de tarifas dispuesto por el Gobierno en el mes de marzo y por los reclamos vinculados al sistema de facturación.
Al respecto, representantes de las distribuidoras de gas aclararon que el aumento proviene del plan destinado a dotar de mayores recursos a las empresas, y al mismo tiempo, reducir los subsidios por el costo fiscal que tienen.
Por su parte, la diputada nacional Cornelia Schmidt Liermann (PRO) destacó la necesidad de citar a ENARGAS, “encargada de imponer las modificaciones en el cambio de facturación” ya que “con el aumento, los hogares porteños que más consumen tendrán una suba del 676% en un año, mientras que para los que menos utilizan, será del 207%“.
“En la búsqueda de recomponer el sector, el Estado tardó 14 años en hacerlo y los aumentos terminan siendo trasladados a los consumidores y no podemos permitir que el usuario sea la variable de ajuste de la inflación, por lo que es fundamental buscar caminos y mecanismos para que sea viable“, afirmó Schmidt Liermann, quien se desempeña como vicepresidente 2ª de la Comisión en Defensa del Consumidor.
En relación al incremento de las tarifas, las empresas distribuidoras reconocieron que la suba despertó una nueva conducta en algunos consumidores, ya que un 5% se anotó en el registro de exceptuados y asimismo, se ha incrementado el número de usuarios que deciden no pagar el cargo adicional para solventar el costo del gas importado.