Referentes del arco opositor se unieron hoy para cuestionar la iniciativa del Gobierno de recurrir a militantes de agrupaciones afines para controlar que se cumpla el nuevo acuerdo de precios alcanzado con supermercados, hasta octubre próximo, y que abarca a 500 artículos de primera necesidad.

“Esto se parece cada vez más a Venezuela, donde los controles de precios terminaron con la desaparición de productos básicos como el papel higiénico”, resaltó el jefe del bloque del PRO en la cámara de Diputados de la Nación, Federico Pinedo, en un comunicado de prensa.

“Los controles de precios son informales y están contra le ley (…) El control por grupos partidarios es propio de un Estado Policial y no de un Estado de Derecho”, agregó.

Por su parte, el diputado por el Frente Peronista Eduardo Amadeo advirtió que “las milicias populares no solo fracasan, sino que son fuente de corrupción y violencia”.

“Si la Presidenta (Cristina Kirchner) entendiese lo grave que es la inflación para la gente, en lugar de repetir fórmulas fracasadas, trataría de arreglar la economía”, sostuvo.

A su turno, el diputado radical Miguel Bazze manifestó que Cristina “degrada permanentemente el funcionamiento institucional del Estado”.

“Que haya anunciado que los jóvenes militantes de su partido van a realizar tareas de control de precios y de inspección en centros comerciales es una demostración de que no comprende cuál es el límite entre el Estado y el partido de gobierno”, resaltó el legislador.

Para Bazze, “el control de precios debe hacerlo con inspectores destinados a tal fin, a los que por otra parte debe controlar para que realicen adecuadamente su tarea, y no con jóvenes militantes de su partido que no tienen por qué detentar un poder que no tienen asignado por la administración estatal”.

“Esta grave confusión que surge del más alto nivel del gobierno nacional lleva a que muchos imaginen que lo que es del Estado es del partido oficial y actúen en consecuencia, eso justifica acciones como las de Vatayón Militante en las que se autorizaban salidas de presos de las cárceles para que participaran de actividades partidarias”, subrayó.

Finalmente, la diputada del PRO Cornelia Schmidt-Liermann, integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y la Competencia de la Cámara baja, se expresó en términos similares: “El control por grupos partidarios no tiene ninguna legitimación institucional. Este mecanismo es ilegal“.

Esta acción no favorece el control de precios (…) El Gobierno se empecina en implementar medidas cortoplacistas que no resuelven los problemas económicos de los argentinos. La Presidente debería reconocer la inflación que afecta a nuestro país y buscar una alternativa efectiva para combatirla“, agregó la legisladora.

Una vez más salta a la vista que la política kirchnerista no tiene en cuenta a la gente“, consideró.