Los Diputados Nacionales integrantes de Unión PRO, Héctor Baldassi , Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, Sergio Bergman, Gladys González, Cornelia Schmidt Liermann, Guillermo Durand Cornejo y Laura Alonso, presentarán una denuncia en la Justicia Federal, contra los funcionarios del Gobierno Nacional por la falta de intervención Federal, tras los hechos ocurridos los días 3 y el 4 de diciembre pasado, donde se produjeron en la ciudad de Córdoba saqueos.
Los Diputados, al fundamentar su presentación señalan que “Solicitamos que con urgencia se investigue lo actuado por el Gobierno Nacional en la crisis de Córdoba, porque la especulación y la tardanza, es la relación por la cual se están sumando los conflictos en el interior de nuestro país”, indicaron en primer lugar los Diputados, para agregar que: “Existe una doble responsabilidad por parte de los funcionarios nacionales. Por un lado, la política derivada de la desidia en el accionar y la negativa de comunicarse por el medio que fuera con el Gobernador De la Sota para ver si necesitaba la ayuda Federal. Por otra, la responsabilidad penal derivada de no haber ejecutado la ley cuyo cumplimiento le incumbiere, es decir no haber enviado de inmediato las fuerzas federales a la Ciudad que lo estaba requiriendo por intermedio de su gobernador, con el fin de dominar la situación que los ciudadanos cordobeses estaban padeciendo en perjuicio de su patrimonio y de sus vidas”.
“Lo ocurrido con Córdoba resulta de una gravedad institucional inusitada precisamente por la falta de reacción dolosa de los funcionarios del Ministerio de Seguridad involucrados, como así también, de los funcionarios de mayor jerarquía que pudieron haber tomado decisiones en tal sentido, de resultar ciertas las versiones periodísticas que circulan”, fundamentaron por otra parte los denunciantes.
Se adjunta denuncia:
FORMULAN DENUNCIA
SR. JUEZ FEDERAL:
Héctor Baldassi DNI 17485029, Patricia Bullrich DNI 11988336, Cornelia Schmidt Liermann DNI 16939470, Laura Alonso DNI 23120537, Pablo Tonelli DNI 10995287, Sergio Bergman, Gladys González y Guillermo Durand Cornejo en nuestro carácter de Diputados de la Nación, con domicilio en Riobamba 25 oficina 734, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetuosamente nos presentamos y decimos:
1. OBJETO:
Que en nuestro carácter de funcionarios públicos, y habiendo tomado conocimiento de la posible existencia de un delito, venimos por el presente a efectuar formal denuncia de ello, y resultando que en el hecho estarían involucrados funcionarios Públicos Nacionales que habrían actuado, ignorando la normativa que les obligaba a hacerlo en el marco específico de sus funciones, venimos por el presente a presentarla por ante la Justicia Federal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. EL HECHO:
Más de un millón de habitantes de la Ciudad de Córdoba, y tres millones de toda la provincia estuvieron completamente desprotegidos entre el 3 y el 4 de diciembre pasado. Y como es por todos conocido, desde la noche del 3 y durante todo el día 4, se produjeron en la ciudad de Córdoba saqueos en más de mil comercios de distintos rubros, con los consiguiente perjuicio patrimoniales importantísimos a miles de ciudadanos cordobeses aprovechándose del acuartelamiento de la policía local, que se encontraba efectuando reclamos salariales.
Las violaciones a la propiedad, en algunos casos se produjeron mediante el empleo de armas y en otros formando bandas que atacaron y robaron los distintos comercios, habiendo despojado en muchos casos a sus dueños de la totalidad de la mercadería existente, como así de los muebles que había en los distintos comercios atacados. Durante toda esa noche, y buena parte de la mañana siguiente Córdoba, fue tierra de nadie o, para decirlo de otra manera, fue tierra fértil para el aprovechamiento de las mafias y la delincuencia, los que con ferocidad se apoderaron de los bienes, de los cordobeses y pusieron en peligro la libertad y la vida de las personas.
Durante la madrugada del día 4, recién regresado a la provincia, en una de sus primeras manifestaciones públicas, el Gobernador De la Sota ratificó lo dicho por el Jefe de gabinete de la provincial, Dr. Oscar González, “que desde el Gobierno nacional nadie le respondía los llamados”. Por su parte, en sus primeras declaraciones de la mañana del día 4, el Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional Jorge Capitanich dijo ante los medios que “no había recibido ningún llamado del Gobernador ni de otro funcionario provincial”; y que, “resolver los serios problemas de seguridad era facultad indelegable del gobierno provincial”. No obstante ello, dijo Capitanich, que se iba a hacer un “Monitoreo en tiempo real”, expresión que nadie comprende puesto que los medios provinciales y nacionales llevaban más de 15 horas de transmisión en vivo de los hechos aberrantes que se estaban viviendo en Córdoba.
Lo que se estaba solicitando era el auxilio previsto en la ley de seguridad interior, consistente en el envío de fuerzas de seguridad federales, que pudieran garantizar la vida y el patrimonio de los cordobeses que estaba en peligro en virtud de la situación que se estaba viviendo, no habiendo obtenido respuesta alguna sino hasta el momento justo en el que se terminó de destrabar el conflicto con la policía local, momento en el cual, ya el auxilio que se había requerido no resultaba necesario.
En ese momento todos los cordobeses se sintieron “rehenes” de lo que resulta una clara disputa política absurda entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, porque no se competía para ver quien daba la más coherente, rápida y contundente solución, sino que la competencia se centraba en repartir culpas y reproches, sin que nadie, hasta ahí, se hiciera cargo del avasallamiento y la destrucción que a esa hora todavía no aflojaba en su ritmo.
La falta de reacción positiva de los funcionarios del Gobierno Federal, en tiempo y forma, hizo posible que los delincuentes aprovecharan la no presencia de fuerzas del orden para robar y destruir más de mil comercios, tal como lo habría informado a los medios la Cámara de Comercio local. Después de más de mil comerciantes saqueados y otro tanto de casas de familias damnificadas, 250 heridos y un muerto, llegó a la Ciudad una tensa y preocupante calma, difícil de asumir ante una ciudad desbastada y una sociedad que dudaba de los efectos del acuerdo alcanzado con la Policía.
El Congreso Nacional, en el año 1991, sancionó la Ley 24.059 precisamente con el fin de garantizar, frente a situaciones como la que se vivió, la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes de todo el país (Art. 2) mediante el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación (Art. 3).
Para ello la misma Ley en sus Arts. 23 y 24 establece como requisito de intervención, el requerimiento del gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren lugar, sin establecer ninguna formalidad particular para la realización del pedido.
Demás está decir que resultaría ridículo pensar que la norma estableciera algún procedimiento muy formal de comunicación de la emergencia por parte del gobernador, si de lo que se está hablando es de que por situaciones excepcionales y graves se estuviera poniendo en riesgo la vida y el patrimonio de los habitantes de un lugar.
Lo que estaba ocurriendo en Córdoba lo estábamos conociendo por todos los medios de comunicación, y en tal sentido es esperable una respuesta inmediata del Gobierno Federal en cumplimiento de las obligaciones derivadas precisamente de las normas que venimos a invocar.
Surge de lo que acabamos de relatar una doble responsabilidad. Por un lado, la política derivada de la desidia en el accionar y la negativa de comunicarse por el medio que fuera con el Gobernador De la Sota para ver si necesitaba la ayuda Federal. Por otra, la responsabilidad penal derivada de no haber ejecutado la ley cuyo cumplimiento le incumbiere; es decir no haber enviado de inmediato las fuerzas federales a la Ciudad que lo estaba requiriendo por intermedio de su gobernador, conducta que se encuentra claramente penada en el Art. 248 “in fine” del Código Penal, ya que no se ejecutó lo previsto en el Art. 23 y 24 de la ley de seguridad interior 24.059, con el fin de dominar la situación que los ciudadanos cordobeses estaban padeciendo en perjuicio de su patrimonio y de sus vidas.
Lo ocurrido resulta de una gravedad institucional inusitada precisamente por la falta de reacción dolosa de los funcionarios del Ministerio de Seguridad involucrados, como así también, de los funcionarios de mayor jerarquía que pudieron haber tomado decisiones en tal sentido, de resultar ciertas las versiones periodísticas que circulan. Por eso entendemos que resulta altamente positivo para la salud de la República, que la justicia investigue y juzgue las responsabilidades de quienes fueron los protagonistas centrales de esta tragedia de los cordobeses.
3. PETITORIO:
Por todo ello, es que venimos a solicitar a V.S. se investigue este hecho con la celeridad que la gravedad del caso requiere, sugiriendo que se investiguen las llamadas entrantes y salientes producidas desde él o los teléfonos celulares o fijos que el Gobernador De la Sota manifieste que utilizó para comunicar el pedido de intervención, solicitando se informen los titulares de los abonados a los que llamara, como así también a nombre de que dependencia del Estado se encuentran los mismos destinados.
Se requiera a los principales canales de televisión que informen desde qué hora, y qué fecha, sus noticieros comenzaron a publicar lo que estaba ocurriendo en la provincia.