Elisa Carrió ampliará su acusación contra Gils Carbó por “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”. El bloque Unión-Pro también presentará una denuncia penal.

Luego de que cuatro miembros del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público suspendieran este jueves al fiscal José María Campagnoli, acusado por la procuradora Alejandra Gils Carbó de “mal desempeño” en el caso contra Lázaro Báez, un grupo de diputados de la oposición se presentará ante la Justicia.

Elisa Carrió (CC-ARI) anunció que hará una ampliación de su denuncia contra Gils Carbó por “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”.

Según Carrió, Ernesto Kreplak, Daniel Adler, Rodolfo María Ojea Quintana y María Cristina Martínez Córdoba buscan “encubrir las conductas criminosas de los imputados en la causa Báez que, se sospecha, vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional”.

La diputada de la Coalición Cívica apuntó contra la “oscura circunstancia” de haber sesionado a puertas cerradas, “lejos de la transparencia que amerita un acto jurisdiccional de estas características”.

Además, destacó el hecho de que el Tribunal de Enjuiciamiento haya rechazado “la presencia de algunos diputados y la presentación de un amicus curiae con el solo fundamento de que no estaba prevista esa intervención en el proceso de remoción”.

“El proceder de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento violó flagrantemente las más básicas garantías constitucionales del articulo 18 de la Constitución al no permitirle al fiscal Campagnoli ejercer el más básico derecho de defensa frente a ese cuerpo”, agregó.

Carrió hizo hincapié en la “animosidad” del tribunal, “que no busca justicia sino castigar a un fiscal para amedrentarlo por haber investigado personajes cercanos al poder”.

En la misma sintonía, los diputados de Unión Pro Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, Cornelia Schmidt-Liermann y Laura Alonso denunciarán penalmente este lunes a quienes votaron la suspensión de Campagnoli, que “podrían haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y hasta cohecho”.

“La persecución al fiscal –opinaron- tiene un alto contenido político debido a las circunstancias que rodearon la decisión de la procuradora general, Gils Carbó, de impulsar el apartamiento y juzgamiento del fiscal”.

 

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