En un plenario de comisiones se discutieron proyectos de ley sobre el tema, sin que lograra primar un acuerdo. La oposición recriminó al oficialismo haber abandonado la búsqueda del consenso y negarse a debatir sobre los dos dictámenes.
Los diputados de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda estuvieron debatiendo durante más de dos horas sobre los proyectos de ley presentados con respecto al tema de las adicciones. Finalmente, en medio de acusaciones cruzadas, se terminaron firmando dos dictámenes; uno del oficialismo y otro de la oposición.El presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara baja, el radical Mario Fiad, lamentó que el oficialismo abandonó “la búsqueda del consenso” en procura de emitir un solo dictamen sobre el proyecto de ley nacional de adicciones, aunque señaló la importancia de que puedan llegar al recinto “iniciativas que procuran contribuir a resolver los problemas de la sociedad en materia de adicciones”.El diputado radical expresó que hubiera preferido que el oficialismo adhiriera “en su totalidad a un único dictamen que podría haberse enriquecido y nutrido con diferentes aportes en pos de construir una iniciativa mejor, con voluntad de dialogo y debate”.El presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico agradeció la labor de la comisión que preside por el “arduo trabajo” y destacó la necesidad de “dejar de lado las banderías políticas. Esperamos que pronto se trate en el recinto, porque esta ley es una respuesta a una necesidad de la gente, es una demanda social, y le tenemos que dar la prioridad en la agenda”.“Tenemos que comprometernos todos los diputados a sacar la mejor ley posible porque las adicciones son un problema de muchos, pero una responsabilidad de todos”, concluyó Fiad.En el mismo sentido, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda señaló que “a pesar de que lamentamos que no se hayan podido incluir sugerencias al dictamen de mayoría, consideramos que el tratamiento del tema y su pase al recinto es un avance fundamental en la prevención y el tratamiento de las adicciones”.

“Además, la necesidad de este programa fue el requisito y la conclusión a la que llegamos luego de las audiencias publicas que se realizaron por la despenalización. Tanto los representantes de la sociedad civil, como los diferentes bloques políticos, acordamos que era necesarias campañas de prevención y tratamiento de las adicciones como paso previo a la despenalización. Por eso creo que ahora si es hora de despenalizar para combatir el narcotráfico”, señaló la legisladora.

También estuvieron presentes el procurador del Servicio Penitenciario Federal, Francisco Mugnolo, representantes de las Madres contra el Paco, entre otros.

Con respecto a las diferencias entre los dictámenes, la legisladora del FAP sostuvo: “Uno de los dictámenes es del Frente para la Victoria y el otro representa el consenso del resto de los sectores políticos. Las principales diferencias planteadas son que el FpV propone que la autoridad de aplicación sea definida por el Poder Ejecutivo, lo que nosotros consideramos que es una violación a la independencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y por lo tanto propusimos que sea el Ministerio de Salud en conjunto con la SEDRONAR. Por otro lado el dictamen de consenso propone que el plan de asistencia sea gratuito y que también sea para las personas que lo requieran del Servicio Penitenciario, además de proponer capacitaciones para los profesionales y centro de salud que implementen el plan y por ultimo una evaluación y monitoreo con informe periódicos”.

La diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino Olga Guzmán participó en el acalorado debate y al cabo señaló que “ambas propuestas intentan abordar de manera integral un tema tan complejo como es el de las adicciones en general, y del consumo de estupefacientes en particular”, afirmó la legisladora neuquina. Y agregó: “Por ser un tema complejo exige un abordaje interdisciplinario, trabajando en la prevención, la educación, el tratamiento, la asistencia, la rehabilitación social, en el marco de la igualdad de oportunidades, y sin dejar de lado la represión al narcotráfico”.

“Durante semanas estuvimos trabajando para concretar esta iniciativa que responde a una de las principales demandas de la sociedad”, afirmó la diputada del Pro Cornelia Schmidt-Liermann, que lamentó que “a último momento, un sector del kirchnerismo desconoció lo realizado hasta el momento y presentó un proyecto sin incluir las demandas y correcciones de la oposición”.

En este sentido, Schmidt-Liermann firmó un pre-dictamen unificado de la oposición porque “el pre-dictamen del oficialismo desconoce el trabajo del Tercer Sector (ONGs y otros) que en la actualidad ofrecen el setenta por ciento de las asistencias”, y aclaró que “el diputado Pietragalla no especificó qué sucederá con estas organizaciones que vienen desarrollando acciones desde hace años para suplir una deficiencia del Estado argentino”.

Para la diputada, “la idea de este plan debe ser construir una propuesta de Ley que trascienda los gobiernos y que forme parte de una política de Estado”, y añadió que “el oficialismo se empecina en forzar un plan que sólo les otorgue rédito político, dejando de lado temas tan importantes como la atención en cárceles y la garantía de la gratuidad del tratamiento”.

“Es una pena que una vez más el kirchnerismo haya metido la política en el medio, impidiendo que trabajemos en conjunto ante una demanda social tan sensible como el de las adicciones en Argentina”, concluyó Schmidt-Liermann.

El diputado nacional Walter Aguilar manifestó su conformidad al dictamen de mayoría que se firmó en la reunión conjunta de esta tarde, pero planteó dos puntos centrales que considera que enriquecerán el proyecto a tratar.

El dictamen de mayoría plantea la cobertura integral del tratamiento de las personas que padecen algún consumo problemático, en referencia a esto, el dictamen del diputado expresa que las erogaciones que generen la cobertura integral del tratamiento de las personas que padecen algún consumo problemático, a las obras sociales, sean compensadas por la Administración de Prestaciones especiales (APE).

En declaraciones a la prensa el diputado Aguilar manifestó que “como es de público conocimiento las obras sociales se encuentran con un gran problema de financiamiento, debido a que se le sigue agregando obligaciones de cobertura de nuevas prácticas que generan un desequilibrio económico entre el aporte de los trabajadores y el incremento de los costos generados por estas practicas”.

 

 

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