El proyecto fue aprobado sobre tablas, en sesión ordinaria, por 211 votos positivos y uno solo negativo de la diputada ex arista Marcela Rodríguez, un día después de haber recibido despacho favorable en la reunión conjunta de las comisiones de Familia y de Presupuesto del mismo cuerpo legislativo.
La iniciativa estuvo en dos oportunidades a punto de tener sanción del Congreso pero su tratamiento perdió vigencia parlamentaria debido a las opiniones contrapuestas que generaba la medida al interior de los bloques.
El presidente de la comisión de Legislación Penal, que fue cabecera para el tratamiento de la iniciativa, el kirchnerista Oscar Albrieu, destacó que “con esta norma se incorporan avances tecnológicos para brindar una herramienta más a la política criminal para la eficacia de la aplicación de la ley del Estado”.
A su vez, su colega Diana Conti, quien como presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales fue también miembro informante del dictamen de mayoría, “negó que haya sido el oficialismo el que puso trabas al proyecto y aseguró, que, al contrario, fueron los opositores los que frenaron el avancedel tema en los últimos meses”.
Desde el radicalismo, Manuel Garrido “marcó sus disidencias con el proyecto que, en general, contó con el apoyo de su bloque”.
Garrido estimó “poco razonable que el registro solo se circunscriba a los condenados por delito sexual porque da a entender que presupondría un mayor nivel de reincidencia”, lo cual dijo que “es un mito que no abonan las cifras tanto nacionales como internacionales”.
Su par María Luisa Storani, en tanto, también criticó que “sólo se incorporen los delitos contra la integridad sexual y se excluyan los referentes a la integridad física”.
Mientras, la macrista Cornelia Schmidt-Liermann señaló que “la gran cantidad de denuncias por casos de violación hacen que en Argentina sea imprescindible contar con una herramienta eficaz para la prevención de este delito”.
Sin embargo, aseveró que “se perdió la oportunidad de consensuar un proyecto de avanzada. El registro de violadores es un proyecto muy específico para delitos de índole sexual”.
En ese contexto, propuso que “se aprobara una ley más amplia, creando un Banco Nacional de Huellas Genéticas Digitalizadas No Codificante universal que facilite la identificación y el rastreo de paradero de personas desaparecidas como en casos de trata de personas o robo de bebés”.
La neuquina Alicia Comelli celebró la flamante norma, pero reconoció que “la sanción de leyes para tratar la seguridad en forma parcial sólo dan resultado coyuntural, nunca van a solucionar el tema en su totalidad si no es con la formulación de un plan integral que involucre a cada actor de la sociedad”.
El inclasificable sojero salteño, aliado al gobierno en los últimos tiempos, Alfredo Olmedo propuso, por su parte, “la castración de violadores y pedófilos”.
A su turno, la jefa del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, advirtió que en la actualidad y gracias a los esfuerzos hechos en estos años la Argentina tiene capacidad, a diferencias de años anteriores, para tomar muestras (de ADN) en todo el territorio nacional”.
Y concluyó que “esa situación hace que se esté en condiciones para que el registro sea un instrumento eficaz”.-
http://www.puntonews.com.ar/