El máximo tribunal de justicia desestimó la presentación hecha por diputados de la oposición la semana pasada donde pedían que no se aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La misma estaba firmada por los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.
El escrito presentado decía
1) Que exista una autoridad de aplicación de la llamada ley de medios audiovisuales N° 26.522, que sea efectivamente “un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión” (considerando 74 de la sentencia de V.E.).
2) Se verifique la acción del Estado como “garante de la libertad de expresión”, que garantice que “por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación (no) se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas” (mismo considerando 74 del fallo de V.E.).
3) Se verifique que los medios públicos, “en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad”, no se conviertan en “espacios al servicio de los intereses gubernamentales”.