La Corte Suprema argentina rechazó el pedido de diputados opositores para suspender la aplicación de la Ley de Medios hasta que el gobierno nacional cumpliera con el resto de sus artículos, ya que argumentaron que los legisladores “carecen de legitimación” para hacer pedidos ya que no son parte de la causa que enfrenta al Grupo Clarín y el gobierno nacional.
La presentación había sido entregada luego del fallo a favor de la constitucionalidad de la norma, y lleva las firmas de los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Jorge Triaca, Gladys González y Roberto Pradines. En el escrito solicitaban que “se suspenda la ejecución de la sentencia recaída hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte como requisitos para que en la República Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa, fundamentos necesarios del Estado de Derecho y del sistema democrático establecido por el artículo primero de la Constitución Nacional”.
Los legisladores pedían la suspensión de la sentencia hasta que “exista una autoridad de aplicación de la llamada ley de medios audiovisuales N 26.522, que sea efectivamente un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”. También solicitaban que “se verifique la acción del Estado como garante de la libertad de expresión”, y que se garantice que “por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación (no) se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas”.
El Bloque PRO de la Cámara de Diputados de la Nación, con la firma de su presidente Federico Pinedo y del diputado Pablo Tonelli, opinó: “Se perdió una oportunidad de garantizar de la manera más amplia las libertades de expresión y de prensa. La negativa es una pérdida de oportunidad para la Argentina, pero analizaremos si hay otras vías parlamentarias o judiciales para que esos objetivos se hagan realidad”.