Legisladores del PRO, Unión por Todos y el Partido Demócrata argumentaron que no hay garantías para cumplir con la norma. Duras críticas al gobierno.

Un grupo de diputados opositores le pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que suspenda la aplicación del fallo que dictó 48 horas antes avalando la constitucionalidad de la Ley de Medios. Según los legisladores del PRO, Unión por Todos y el Partido Demócrata de Mendoza, en la Argentina de hoy no están dadas las garantías para que se cumpla con la ley. En realidad, atribuyen al Poder Ejecutivo la responsabilidad por el incumplimiento de una ley que sólo el martes pasado fue convalidada por el Máximo Tribunal, después de haber sido sancionada cuatro años atrás y estar paralizada desde entonces.

Los legisladores macristas Federico Pinedo, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca y Gladys González; Patricia Bullrich, de Unión Por Todos, y Roberto Pradines, del partido Demócrata de Mendoza, presentaron a través de la mesa de entradas un escrito en el que reclamaron la paralización del fallo “hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte”. No concurrieron personalmente sino que lo entregaron mediante un abogado que formuló la presentación, que inmediatamente fue girada a la secretaría número cinco del tribunal, a cargo de Christian Abritta.

El novedoso formato de la presentación se asemeja a una cautelar contra un fallo de la Corte Suprema.

En los hechos, supedita la aplicación del fallo a que “exista una autoridad de aplicación de la Ley de Medios que sea efectivamente ‘un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión'”, tal como recomendó la Corte. Los diputados opositores reclamaron, además, que “se verifique la acción del Estado como ‘garante de la libertad de expresión’, que garantice que ‘por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación no se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas'”. Y postularon que “se verifique que los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, no se conviertan en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”.

La parte final del fallo de la Corte formula recomendaciones en ese sentido.

Pero el fallo decreta la validez de la ley y no de su aplicación, por la simple razón de que no ha comenzado a aplicarse en su totalidad. El fallo establece parámetros de conducta a futuro y advierte que si la implementación de la norma significara un menoscabo a la libertad de expresión, entonces estará abierta la vía judicial para que quien se sienta perjudicado accione ante los tribunales.

Para los legisladores opositores, esa situación ya se está produciendo: “El Poder Ejecutivo no ha cumplido acabadamente con esas mandas y ha subsidiado groseramente a medios que son ‘instrumentos de apoyo de una corriente política determinada’, que no es otra que la corriente política del Poder Ejecutivo. ¿No es de conocimiento público la publicidad oficial emitida para denigrar opositores en el programa Fútbol para Todos? ¿Hace falta acompañar estos elementos, que están en poder del Poder Ejecutivo, a la Corte para que los conozca, o se pueden considerar de público conocimiento? En el Congreso el oficialismo no ha permitido que se traten los proyectos de muchos de nosotros, diputados opositores al oficialismo, para establecer reglas claras en materia de asignación de publicidad oficial. ¿Se puede aplicar una ley por medio de un fallo judicial, cuando los fines de esa ley han ‘perdido sentido’? La respuesta negativa proviene de la mera aplicación de la lógica y apartarse de la lógica no es posible en una decisión judicial válida”, argumentaron. «

El formato de la presentación se asemeja a una cautelar.

Nuevo exabrupto de Carrió

La diputada Elisa Carrió volvió a insistir con su teoría de “pacto espurio entre el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, la presidenta Cristina Fernández y el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini”, al referirse al fallo que declaró la constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Carrió apuntó contra el titular del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, y lo calificó como “un delincuente al servicio de la presidenta”.

“No queremos ser sólo informados por Moreno (secretario de Comercio), Cristina Kirchner y 6,7,8. Tengo miedo al desalojo compulsivo de Sabbatella.

Haremos todo lo posible para que vaya preso”, expresó.