La solicitud estuvo firmada por siete diputados macristas y dos aliados. Pretendían que el máximo tribunal volviera sobre sus pasos y suspendiera la vigencia de la norma hasta que “se verifiquen los presupuestos” para la libertad de expresión. Les negó toda legitimidad.

El inédito pedido de diputados de la bancada del PRO para que la Corte Suprema de Justicia suspenda la vigencia de su propio fallo que declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios, fue desechado ayer por el máximo tribunal. En tan sólo cinco renglones, los ministros consideraron “inadmisibles” las presentaciones realizadas con posterioridad a la sentencia que puso fin a la controversia sobre los artículos de la norma objetados por el Grupo Clarín en un litigio que duró cuatro años. De esta manera ratificó lo dispuesto el pasado martes y cerró la vía para que la constitucionalidad de la norma pueda volver a ser objetada.

“Las presentaciones intentadas con posterioridad a la sentencia del pasado 29 de octubre por la actora y por un grupo de diputados nacionales son inadmisibles, pues resultan ajenas a la competencia de la Corte Suprema”, fue la lacónica respuesta que los legisladores opositores obtuvieron de parte del máximo tribunal, tras haber interpuesto un escrito por mesa de entradas 48 horas después de que se conociera el fallo que avaló, en su totalidad, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Devuélvase por Secretaría a los presentantes”, culminó el breve oficio que llevó las firmas del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y de los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

La presentación estuvo firmada por los macristas Federico Pinedo, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca y Gladys González; Patricia Bullrich, de Unión Por Todos, y Roberto Pradines, del partido Demócrata de Mendoza. Fuentes judiciales indicaron que fue rechazada por carecer de “legitimación activa” y por no tratarse de la “vía procesal adecuada” para plantear una objeción. En rigor, los legisladores opositores no son parte y nunca integraron el expediente, ni siquiera bajo el rol de “amigos del tribunal” en ocasión de las audiencias públicas celebradas el 28 y 29 de agosto, por lo que su intervención no encontraba sustento jurídico. La réplica de la Corte también hizo referencia a “la actora”, por lo que dio a entender que tampoco avaló recursos interpuestos por Clarín luego del fallo en su contra.

La intención de la bancada macrista fue intentar que los magistrados suspendieran su propia sentencia hasta tanto “se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte como requisitos para que en la Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa”. Ese fue, precisamente, uno de los argumentos que el tribunal subrayó que la Ley de Medios dejaba fuera de la discusión.

En materia de jurisprudencia, la Corte no registra antecedentes de volver sobre sus pasos ante pedidos de revisión de sus propios fallos, a los que considera no recurribles. Precedente que no pudo haber pasado desapercibido para Tonelli, que antes de formar parte de la Cámara Baja fue el primer procurador que el PRO logró imponer durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras del duro revés, Pinedo afirmó que desde el partido que lidera Mauricio Macri no se arrepienten de haber hecho la presentación. “Me gustaría ver el fallo, todavía no hemos podido verlo, sólo vi un cable de noticias pero no tenemos copia de la resolución. Lo que parece que dice es que no somos parte (de la causa), y eso es obvio”, reconoció el jefe de bloque PRO. “No nos arrepentimos, lo nuestro era una colaboración con la Corte, fue una sugerencia para que reconsidere la situación. Entendemos que la Corte dijo que tenían que pasar ciertas cosas para que los objetivos de la ley se cumpliesen, por lo que pedimos que se suspendiera hasta que eso pase”, agregó. De todas formas, advirtió que el macrismo ensayará “otras vías judiciales” para intentar frenar la aplicación de la ley.

El eje de la presentación del PRO y aliados giró en torno al cuestionamiento sobre la figura del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, en sintonía con la estrategia pública del Grupo Clarín. Para ello, calcaron el Considerando Nº 74 que la Corte indicó como recomendación y que no integró la parte resolutiva. La suspensión fue condicionada hasta que “exista una autoridad de aplicación que sea efectivamente un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”.

El margen que el tribunal estableció para futuros conflictos ocasionados en el desequilibrio de la aplicación de la norma fue el subterfugio que los diputados encontraron para intentar postular que esa situación se produce en la actualidad. “El Poder Ejecutivo ha subsidiado groseramente a medios que son ‘instrumentos de apoyo de una corriente política determinada’, que no es otra que la corriente política del Poder Ejecutivo. ¿No es de conocimiento público la publicidad oficial emitida para denigrar opositores en el programa Fútbol para Todos? ¿Hace falta acompañar estos elementos a la Corte para que los conozca, o se pueden considerar de público conocimiento?”, habían argumentado. “En el Congreso –agregaron–, el oficialismo no ha permitido que se traten los proyectos para establecer reglas claras en materia de asignación de publicidad oficial. ¿Se puede aplicar una ley por medio de un fallo judicial, cuando los fines de esa ley han ‘perdido sentido’? La respuesta negativa proviene de la mera aplicación de la lógica y apartarse de la lógica no es posible en una decisión judicial válida.” Para la Corte, no hizo falta responder a esas preguntas.

 

En materia de jurisprudencia, la Corte Suprema no registra antecedentes de revisar sus fallos ante pedidos.

 

La clave

Sin legitimidad

La presentación de los diputados opositores fue rechazada por carecer de “legitimación activa”.