Cámara baja convirtió en ley el proyecto que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
Ayer por la tarde, luego de tres horas de debate, en las que se acotaron los discursos como consecuencia del acuerdo previo entre las diferentes bancadas, se dio aval al proyecto enviado hace diez meses por el Senado.
La sesión fue seguida desde las galerías del recinto por representantes de organizaciones no gubernamentales de familiares de víctimas de delitos sexuales.
En el inicio del debate, el presidente de la comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu (Frente para la Victoria), en su carácter de miembro informante del proyecto señaló que se trata del abordaje “de un delito, que nos interpela a menudo desde los medios”.
Albrieu aclaró que el registro es “la sistematización de la información obtenida en el marco de una investigación y con condena firme” y que “siempre será de carácter reservado, en el marco de una investigación penal posterior; por lo que queda prohibida su utilización para otros fines”.
Desde el mismo bloque, Diana Conti destacó “la militancia de los familiares de las víctimas, por su esfuerzo y perseverancia para ir convenciéndonos de que cedamos en nuestro dogmatismo”.
Tras precisar que “se trata de un instrumento para decirle no a los violadores y asesinos”, expresó su “condena al medio hegemónico TN, que se la pasó diciendo que era el oficialismo el que frenaba este proyecto, cuando en realidad, después que salió el dictamen de la comisión de Penal, lo frenaba la oposición”.
Por el radicalismo, Maria Luisa Storani dijo en su discurso que “es fundamental un registro de ADN vinculados a delitos contra la integridad sexual. Este banco, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, almacenará muestras genéticas, fotografías actualizadas y una reseña de los domicilios actuales de los abusadores”, explicó.
Cornelia Schmidt-Liermann, del PRO, justificó su apoyo al expresar que “en honor a los que ya no están y para evitar nuevos crímenes es que tiene que existir un banco centralizado de datos genéticos”, aunque advirtió que “perdimos la oportunidad de consensuar un proyecto de avanzada. El registro de violadores es un proyecto muy específico para delitos de índole sexual”.
Para Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino, “nadie frente a los lamentables hechos que suceden a diario podría estar en contra de crear por ley un registro de violadores con sentencia firme, pero me veo obligada a alertar que la sanción de leyes para tratar la seguridad en forma parcial sólo dan resultado coyuntural”.
En el cierre del debate, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, dijo que “el proyecto tiene “el objetivo claro de ayudar a la ciencia al servicio de la justicia” y que “ahora, a diferencia de años anteriores, estamos en condiciones de poder tener instrumentos necesarios para poder tomar esas muestras”.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, consideró que con la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos se incorporará “una herramienta técnica en uno de los delitos que más irritación e impotencia nos causa como sociedad”.
El único voto en contra fue el de la ex ARI, Marcela Rodríguez, quien sostuvo que la iniciativa “contradice las reformas feministas de los setenta, uno de los pocos avances de violencia sexual contra las mujeres” y que el proyecto “no comprende quiénes son los violadores, quiénes son las violadas y por qué se comenten las violaciones”.
El proyecto de que hoy se convirtió en ley propone facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual.
El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida durante una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos contra la integridad sexual.
Además, la norma establece que los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Asimismo, el proyecto explica que el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro.
Las constancias obrantes en el Registro serán consideradas datos sensibles y de carácter reservadas y se conservarán de un modo inviolable e inalterable los archivos de información genéticas.
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